Javier Milei autorizó la transferencia de facultades para que las jurisdicciones liciten el mantenimiento vial.
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A través del Decreto 253/2026, el Poder Ejecutivo Nacional habilitó a Córdoba para administrar y cobrar peajes en tramos viales federales. Esta normativa, publicada recientemente en el Boletín Oficial, permite que el distrito gestione la reparación y conservación de las rutas nacionales. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La medida alcanza también a otras 8 provincias, entre las que se encuentran Santa Fe, Mendoza, San Luis, Corrientes, San Juan, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. El objetivo central de esta regulación es facilitar que las jurisdicciones asuman de forma directa la ampliación y el mantenimiento de los caminos. De esta manera, las provincias interesadas podrán implementar un sistema de concesión privada para garantizar la operatividad de su infraestructura vial estratégica.
El texto oficial aclara taxativamente que los tramos involucrados “permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado Nacional” durante todo el proceso de gestión. Esto implica que la delegación tiene un carácter funcional, limitado y revocable, sin representar una transferencia definitiva del dominio público a la Provincia. La normativa busca dar respuesta a los pedidos de los gobernadores que solicitaron herramientas concretas para mejorar el estado de las rutas nacionales.
Esta normativa también permite que Córdoba gestione la reparación y conservación de las rutas nacionales
Convenios y plazos para las nuevas concesiones
La provincia de Córdoba deberá suscribir acuerdos específicos con la Dirección Nacional de Vialidad para identificar los sectores que serán concesionados. Estos convenios establecerán un régimen de supervisión riguroso y deberán contar con la aprobación final de la Secretaría de Transporte de la Nación. El decreto estipula que el plazo máximo para estos contratos de obra pública por peaje no podrá exceder los 30 años de duración total.
Un requisito fundamental para mantener esta facultad es que la administración provincial llame a licitación en un período no mayor a 1 año desde la firma. Si este plazo se incumple, la delegación de competencias quedará automáticamente sin efecto y la gestión volverá a depender exclusivamente del Gobierno nacional. Asimismo, la jurisdicción cordobesa asume la obligación de mantener indemne al Estado nacional frente a cualquier reclamo judicial que derive de la concesión.
La medida se apoya en la Ley 27.742 y la Ley 17.520, promoviendo una descentralización administrativa que otorga mayor autonomía a los gobiernos regionales. Este nuevo esquema prevé que, si un contrato se extingue por cualquier causa, la responsabilidad de las rutas retornará de inmediato a la órbita federal. Con estas condiciones, el marco legal busca fortalecer el federalismo permitiendo que cada distrito supervise las rutas que atraviesan su territorio.
