Denuncian el robo de animales y la venta de carne sin controles sanitarios en carnicerías tras la inacción policial.
Una red de robo y faena clandestina de equinos opera impunemente en la zona rural de Unquillo afectando la propiedad privada de los vecinos. Los damnificados denuncian que la carne de los animales asesinados llega a las carnicerías sin superar ningún tipo de control bromatológico. El riesgo sanitario para la población es inminente ante la falta de inspecciones veterinarias en el circuito de comercialización de estos productos.
La ciudadana Marcela Medrano reportó el robo de su caballo el 29 de abril encontrando solo restos óseos en un predio cercano a la ruta E53. El ataque no resultó un hecho aislado puesto que otros 3 caballos fueron hallados en condiciones similares en un descampado del barrio San José. Un ejemplar de polo argentino también fue sustraído y faenado el 19 de abril evidenciando la magnitud de este sistema delictivo organizado.
Los vecinos alertaron sobre la presencia de perros que deambulaban con restos de animales en la boca generando una grave preocupación ambiental. El consumo de estos derivados cárnicos representa un peligro directo para la salud pública al carecer de toda trazabilidad oficial en la cadena. La ausencia de controles en los frigoríficos habilitados permite que esta mercadería ilegal circule libremente por los mostradores del corredor.
La respuesta de las fuerzas de seguridad ante los llamados de emergencia fue calificada como insuficiente por los propietarios de los animales. El personal policial se negó a ingresar al terreno para constatar la matanza de los equinos alegando una incapacidad total para intervenir. Los efectivos se mantuvieron sobre la calzada pública sin recolectar evidencias ni iniciar las actuaciones de rigor frente al delito denunciado.
La guardia urbana municipal también se presentó en la zona del hallazgo pero su presencia no derivó en ninguna medida concreta de prevención. El silencio de la Municipalidad de Unquillo y de la Fiscalía interviniente profundiza la sensación de desamparo de los productores rurales. La burocracia estatal no ofrece soluciones ante el robo habitual de ovejas y vacas que se registra de forma constante en las Sierras Chicas.
Un grupo de víctimas prepara una denuncia penal colectiva para exigir justicia ante la barbarie sufrida en sus establecimientos de producción. La inacción de los organismos de control favorece la consolidación de estos mercados negros que evaden impuestos y normas de salubridad vigentes. El respeto por la propiedad privada y la seguridad jurídica son pilares que el estado cordobés falla en garantizar en este sector geográfico.
