En Ecuador, 2025 ha expuesto una fragilidad que rara vez ocupa titulares: la confianza financiera. En el lapso de unos meses, la seguridad de miles de ahorristas se ha visto sacudida por cierres, rumores y problemas técnicos que han recordado que, más allá de las cifras macroeconómicas, el acceso al dinero depende de estructuras ajenas a sus propietarios. En abril, la Superintendencia de Bancos ordenó la liquidación de Banco Amibank, alegando pérdidas acumuladas y un nivel insostenible de morosidad. El seguro de depósitos cubrió a la mayoría de clientes, pero el episodio reveló una realidad inquietante: durante días decisivos, los depositantes no tuvieron control sobre sus fondos.
El 29 de julio, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dispuso la liquidación de la Cooperativa CREA, con más de 100 000 socios. El organismo reportó que la entidad operaba con una solvencia del 3,39 %, muy por debajo del mínimo legal. El proceso de devolución de depósitos se activó de forma inmediata, aunque los plazos para su ejecución pusieron a prueba la paciencia de los afectados.La narrativa oficial ha insistido en que el sistema mantiene estabilidad y liquidez. Sin embargo, la sucesión de eventos ha generado un clima de incertidumbre que, sin llegar a la crisis, ha dejado señales visibles de desgaste en la confianza pública.
Más allá de los problemas financieros, 2025 ha registrado incidentes tecnológicos que han afectado a un banco de importancia sistémica. Usuarios han reportado intermitencias en los canales digitales, caídas de la banca en línea y fallos en pagos con tarjetas, algunos de ellos en horarios críticos.
En el sistema financiero moderno, la continuidad tecnológica es un requisito esencial. La falta de redundancias eficaces y protocolos de comunicación claros convierte una incidencia técnica en un factor de erosión de la confianza. Cuando un cliente no puede acceder a sus fondos, aunque sea por unas horas, la percepción de seguridad se ve comprometida.
