Además de estar de forma ilegal en los EEUU, el acusado también era un beneficiario del programa DACA.
El Departamento de Seguridad Nacional (en inglés, DHS) anunció este jueves que Abraham Hermosillo Álvarez, un inmigrante ilegal de origen mexicano de de 31 años de edad que vive en el estado de Nebraska, fue el cerebro detrás del plan terrorista que tenía como objetivo atacar con drones el evento de la UFC 250 realizado en la Casa Blanca el pasado fin de semana.
El indocumentado fue arrestado por el gobierno de Trump el 14 de junio durante una redada en una iglesia abandonada del estado. A Álvarez, que usaba el alias "Shepherd" en los chats encriptados a los que accedió el FBI y que ya son parte de la causa, se lo acusa de dirigir una conspiración para llevar a cabo un ataque masivo que se iba a cobrar la vida de funcionarios y miles de asistentes al evento.
Cuatro cómplices de Álvarez también fueros arrestados e imputados por participar en la conspiración. Los fiscales alegan que el grupo planeaba utilizar drones cargados de explosivos para provocar una evacuación antes de desplegar francotiradores que le dispararían a "objetivos de alto valor" dentro de la multitud.
El inmigrante ilegal organizó el complot terrorista a través de chats grupales encriptados, donde supuestamente discutió la obtención de drones y explosivos, e instó a sus cómplices a hacer que el ataque fuera "lo más mortal posible". Planificó posiciones para los francotiradores, lugares de lanzamiento de drones y rutas de escape.
Álvarez ingresó a los EEUU con una visa de turista y permaneció en el país después de forma ilegal desde diciembre de 2001. En 2014, recibió el estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). "Este extranjero ilegal de México nunca debió haber sido admitido en nuestro país", dijo en un comunicado la secretaria asistente interina del DHS, Lauren Bis, que añadió que el ICE de Trump ya ha presentado una orden de detención en su contra.
El FBI, el Departamento de Justicia, el Servicio Secreto y otras agencias de seguridad participaron en la operación que exitosamente desarticuló el plan terrorista. Si Álvarez y los otros imputados son condenados, se enfrentan a penas potenciales de hasta cadena perpetua.
