El condado de Fresno avanza hacia una votación en noviembre sobre un controvertido impuesto destinado a financiar infraestructura vial, pese a que las autoridades del condado presentaron una demanda contra California por considerar que el gobernador socialista Gavin Newsom utilizó el poder estatal para obligar a incluir la medida en la boleta electoral.
El conflicto se intensificó después de que Newsom promulgara la ''Assembly Bill 1923'', una legislación que exige a Fresno, someter a los votantes la iniciativa denominada ''Better Roads, Safe Streets'' durante las elecciones de noviembre. De ser aprobada, la propuesta establecería un impuesto adicional de medio centavo sobre las ventas para financiar carreteras y otros proyectos de transporte.
La decisión del gobernador generó fuertes críticas entre los funcionarios locales, quienes consideran que Sacramento está interfiriendo indebidamente en la capacidad del condado para administrar sus propios procesos electorales. El caso representa un nuevo ejemplo de cómo Newsom y los legisladores estatales demócratas utilizan el poder del gobierno estatal para imponer decisiones a comunidades que no las respaldan.
El demócrata Gavin Newsom recibió durísimas críticas del condado de Fresno por imponer un impuestazo en las boletas electorales locales
Antes de la intervención de Sacramento, los supervisores de Fresno habían ordenado una revisión de 30 días sobre la iniciativa impulsada por ciudadanos. Sus críticos sostienen que esa revisión podía retrasar el proceso y evitar que la medida llegara a la boleta de noviembre.
Los partidarios del impuesto reaccionaron recurriendo al Capitolio estatal. Como resultado, Newsom terminó firmando la ''AB 1923'', obligando al condado a avanzar con la votación.
La decisión provocó la indignación del presidente de la Junta de Supervisores del condado de Fresno, Garry Bredefeld, quien acusó al gobierno estatal demócrata de extralimitarse.
''Esto se trata de si Fresno se gobierna a sí mismo o si el poder político y las conexiones en Sacramento pueden utilizarse para anularnos cada vez que los votantes locales y sus representantes se niegan a alinearse'', afirmó Bredefeld.
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Fresno acusó al gobierno estatal de autolimitarse e inmiscuirse en temas locales
Las autoridades del condado llevaron sus críticas a los tribunales. En una demanda presentada recientemente contra California, Fresno calificó la AB 1923 como “un estatuto diferente a cualquier otro en la historia moderna de la legislación electoral de California” y cuestionó la manera en que el Estado intervino en el proceso.
El supervisor Nathan Magsig afirmó que funcionarios del condado consultaron con abogados y concluyeron que la legislación firmada por Newsom presenta problemas importantes. Según Magsig, la norma es ''defectuosa'', ''ambigua'' y plantea ''importantes cuestiones constitucionales''.
La demanda también incluyó al secretario electoral del condado, James Kus, quien indicó que tiene previsto cumplir con la legislación estatal, a pesar de que los supervisores habían votado previamente para postergar la elección de la iniciativa hasta marzo de 2028.
Kus reconoció, sin embargo, que el litigio podría modificar el escenario. Según explicó, un tribunal podría interpretar con mayor precisión el alcance de la legislación aprobada por la Asamblea estatal.
El supervisor del condado californiano aseguró que la legislación impuesta por Newsom es defectuosa y ambigua
Los defensores del impuesto, por su parte, rechazaron la estrategia legal del condado y acusaron a los supervisores de intentar impedir que los ciudadanos tengan la última palabra.
Sandra Celedon, integrante de la iniciativa ''Better Roads Safe Streets'', sostuvo que los funcionarios locales no deberían poder impedir que una medida respaldada por ciudadanos llegue a los votantes. ''La democracia no puede ser anulada simplemente porque tres personas quieren que suceda'', afirmó.
El enfrentamiento pone en evidencia una disputa de mayor envergadura entre el poder estatal y la autonomía de los gobiernos locales en California.
La controversia también adquiere importancia por los plazos electorales. Se espera que un tribunal emita una decisión antes del 9 de septiembre, fecha límite para imprimir y comenzar a distribuir las boletas.
Hasta entonces, el condado de Fresno permanecerá en una batalla legal contra el Estado mientras intenta determinar si la controvertida medida fiscal llegará finalmente a los votantes en noviembre. El caso podría convertirse además en un precedente relevante sobre los límites de la autoridad de Sacramento frente a los gobiernos locales y el derecho de los condados a administrar sus propios procesos electorales.
El gobierno de Newsom se enfrenta a un nuevo desafío legal, luego de que las autoridades de Fresno ya hayan presentado una demanda contra la administración demócrata
