El fiscal general de California fue acusado de manipular una propuesta de identificación electoral

Sin embargo, los partidarios de la medida denunciaron que Bonta modificó la descripción utilizada en la guía oficial que será enviada a los votantes. La nueva redacción utiliza términos considerados más negativos que los empleados originalmente y señala que la propuesta podría ''prohibir'' el voto o ''invalidar'' las boletas enviadas por correo cuando no se presente la identificación requerida.

La versión anterior, según los críticos, se limitaba a describir los requisitos de identificación sin utilizar expresiones que pudieran generar una reacción negativa entre los electores. Además, la nueva descripción habría omitido la referencia a la obligación del estado de proporcionar tarjetas de identificación electoral bajo solicitud.

El republicano David Tangipa, uno de los primeros legisladores en advertir sobre los cambios, acusó a Rob Bonta de realizar una maniobra política en plena temporada electoral. ''Esto es una manipulación y un amaño descarado en medio de la temporada electoral'', afirmó.

Carl DeMaio, legislador republicano y principal impulsor de la iniciativa, fue todavía más contundente y acusó a los políticos demócratas de intentar impedir que los votantes evalúen la propuesta de manera justa. Según DeMaio, los demócratas saben que una parte importante de los californianos respalda la identificación de votantes y por eso estarían utilizando el lenguaje de la boleta para intentar reducir el apoyo a la medida.

Las acusaciones reflejan una disputa política más amplia sobre la seguridad electoral en California. El estado ha adoptado durante años un sistema que facilita el voto por correo, mientras que los republicanos y sectores conservadores han reclamado controles más estrictos para garantizar que las elecciones sean transparentes y evitar posibles irregularidades.

El congresista republicano James Gallagher también criticó a Bonta y sostuvo que el fiscal general no pudo impedir que la propuesta reuniera las firmas necesarias para llegar a la boleta, por lo que ahora habría optado por modificar su presentación ante los electores. ''Cambia el título de la boleta para manipular cómo los votantes ven la identificación de votantes, saboteándola antes de que los californianos puedan votar de manera justa'', afirmó.

La oficina de Bonta rechazó las acusaciones y defendió su decisión. El fiscal general se amparó en una ley estatal que permite que el título y el resumen utilizados en la boleta sean diferentes de los empleados durante la etapa de recolección de firmas. Su oficina sostuvo que los cambios no constituyen una maniobra política y que las nueve iniciativas impulsadas por ciudadanos que estarán en la boleta este año tuvieron modificaciones en sus descripciones.

Según la oficina del fiscal general, su objetivo fue proporcionar a los votantes mayor claridad sobre el propósito y los principales efectos de la ''Proposition 39''. No obstante, los republicanos consideran que la explicación utilizada es tendenciosa y que el poder de un funcionario demócrata para definir el lenguaje de las propuestas puede convertirse en una herramienta para influir indirectamente en el resultado de una elección.

La controversia tampoco es nueva. En California, anteriores fiscales generales han sido acusados de utilizar las descripciones oficiales de iniciativas electorales para favorecer posiciones respaldadas por su propio partido. Los sindicatos y la Legislatura estatal, controlada por los demócratas, han defendido el actual sistema, argumentando que la oficina del fiscal general cuenta con experiencia y recursos suficientes para elaborar las explicaciones.

Sus críticos, sin embargo, advierten que mantener esa autoridad dentro de una oficina partidista puede generar conflictos de interés y abrir la puerta a un lenguaje parcial o engañoso. La disputa por la ''Proposition 39'' vuelve a poner en el centro el debate sobre la imparcialidad de las instituciones electorales de California y alimenta las acusaciones republicanas de que los demócratas están utilizando el aparato estatal para obstaculizar reformas que buscan reforzar la identificación de los votantes y la seguridad de las elecciones.