Un terrorista perteneciente a la pandilla salvadoreña MS-13, condenado en su país natal por ejecutar a quemarropa a un civil, fue inexplicablemente puesto en libertad en Estados Unidos por orden de una jueza designada por el expresidente demócrata Joe Biden.
La magistrada federal Jinsook Ohta ordenó la liberación de David Antonio Aviles Pérez, de 35 años y alias "La Bruja", tras argumentar que las autoridades migratorias lo mantuvieron detenido durante cinco meses sin concederle una audiencia de fianza ni evaluar si representaba un peligro para la sociedad o un riesgo de fuga. Lógicamente, la decisión desató la furia del gobierno de Trump.
"Esta jueza activista radical ha puesto en riesgo las vidas de los estadounidenses al liberar a un asesino buscado", declaró Markwayne Mullin en un comunicado difundido el sábado. "Esta es la segunda vez que este peligroso indocumentado vuelve a las calles en California", añadió. "Debido a que los políticos santuario quieren hacer política desde el estrado, los ciudadanos inocentes quedan desprotegidos".
Aviles Pérez cometió un brutal asesinato en 2014 en El Salvador y está señalado por los fiscales de ese país como miembro activo de la Mara Salvatrucha. Fue condenado en ausencia en diciembre de 2025 y sentenciado a 20 años de prisión por homicidio agravado. Durante el crimen, el ahora liberado por la jueza designada por Biden le disparó a la víctima en el pecho, la espalda y el rostro antes de huir.
Jinsook Ohta, la jueza bidenista que liberó al asesino salvadoreño.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Aviles Pérez ingresó a Estados Unidos en una fecha y por un lugar aún indeterminados, y hace tres años fue arrestado en California tras amenazar con un machete a un indigente en un parque. Si bien fue procesado y condenado por aquel hecho, posteriormente recuperó la libertad.
Los agentes del ICE lo detuvieron nuevamente el 26 de marzo en San Diego, manteniéndolo bajo custodia a la espera de su deportación a El Salvador. Permaneció recluido hasta que Ohta ordenó su excarcelación bajo el argumento de que los agentes federales "vulneraron sus derechos".
No conforme con ordenar la liberación del asesino, la jueza Ohta prohibió al ICE volver a detenerlo a menos que un juez de inmigración celebre previamente una audiencia de fianza y avale una nueva privación de la libertad. Ante este escenario, las autoridades federales no tuvieron otra opción que proceder con la excarcelación.
Mullin aseguró que el fallo no frenará las políticas del gobierno contra los delincuentes extranjeros: "El DHS y el ICE no se dejarán intimidar por estos juegos partidistas. Si los líderes de California no protegen a los estadounidenses, el DHS lo hará".
