El alto tribunal con mayoría conservadora amplió el derecho a portar armas en propiedades privadas abiertas al público.
En una victoria clave para la Segunda Enmienda, la Corte Suprema falló a favor de los residentes de Hawái este jueves y anuló restricciones a la portación de armas. La una ley invalidada prohibía a los titulares ejercer sus derechos de porte de armas en los lugares públicos de dicho estado.
Las tres juezas nominadas por presidentes demócratas votaron en contra del fallo, que se definió por una votación de 6 a 3. La legislación promulgada por Hawái exigía que los titulares de permisos de porte obtuvieran una autorización explícita del propietario del lugar -ya sea verbal o por escrita- antes de ingresar con armas de fuego a una propiedad privada que estuviera abierta al público.
Tres residentes de Hawái y la Coalición de Armas de Fuego del estado judicializaron la medida. Los demandantes le ganaron el juicio en primera instancia, pero tuvieron que recurrir a la Corte Suprema luego de que un tribunal de apelaciones federal fallara a favor del estado en segunda instancia.
"Esta ley se aparta drásticamente de la norma estándar del derecho consuetudinario (common law) sobre el acceso a propiedades privadas abiertas al público. Bajo esa norma, cualquier persona, incluidas aquellas que portan armas de fuego de manera legal, puede ingresar a menos que se le prohíba expresamente", escribió el juez conservador Samuel Alito en la decisión.
"Por el contrario, bajo la nueva ley de Hawái, nadie que porte un arma de fuego puede ingresar sin la autorización expresa del propietario", continuó el magistrado. "Este régimen obstaculiza lo que la Segunda Enmienda protege: el derecho de los estadounidenses a portar armas para la defensa propia mientras realizan sus actividades cotidianas. Dictaminamos que la ley es inconstitucional", concluye el fallo.
La actual Corte Suprema, que cuenta con tres jueces nominados por Trump durante su primer mandato, también falló a favor de la Segunda Enmienda en un caso en Texas, en el cual un hombre argumentaba que se habían violado sus derechos constitucionales al aplicársele una ley que prohíbe la posesión de armas a cualquier persona que consuma drogas de forma ilegal.
