La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, firmó una aberrante ley que elimina el límite general de 24 semanas para los abortos y amplía considerablemente la posibilidad de realizar procedimientos en etapas avanzadas del embarazo.
La medida representa un nuevo avance de la agenda abortista en uno de los estados más progresistas de Estados Unidos y fue presentada por Healey como una defensa del supuesto "acceso a la salud". Sin embargo, organizaciones provida cuestionaron duramente que se eliminen restricciones que hasta ahora establecían un límite temporal concreto.
La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 90 días.
Massachusetts elimina el límite de 24 semanas
La legislación conocida como Prioritizing Patient Access to Care Act modifica las reglas que regían en Massachusetts. Hasta ahora, el estado prohibía generalmente los abortos después de las 24 semanas, aunque existían excepciones.
Con la nueva ley, los profesionales de la salud tendrán mayor margen para determinar si realizan un aborto durante etapas posteriores del embarazo, sin quedar expuestos a las sanciones contempladas por las restricciones anteriores.
Para los sectores provida, el cambio supone un retroceso en la protección de la vida humana y una ampliación de las circunstancias en las que un aborto puede realizarse cuando el embarazo se encuentra muy avanzado.
Massachusetts se suma así a Alaska, Colorado, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Vermont, además del Distrito de Columbia, entre las jurisdicciones estadounidenses que no establecen un límite gestacional general.
Maura Healey defendió los abortos en etapas avanzadas
Durante el acto de promulgación, Healey defendió la reforma y aseguró que las decisiones sobre el aborto deben quedar exclusivamente en manos de las mujeres, sus familias y los médicos.
"Las decisiones sobre atención médica deben ser tomadas entre las mujeres y las familias y sus médicos, no por los políticos", afirmó la gobernadora.
Maura Healey defendió los abortos en etapas avanzadas
Healey justificó la eliminación del límite argumentando que existen familias que atraviesan complicaciones durante las últimas etapas del embarazo y que deberían poder acceder a un aborto dentro del estado sin tener que trasladarse a otra jurisdicción.
La gobernadora también utilizó la ocasión para confrontar políticamente con Donald Trump y los republicanos, a quienes acusó de buscar una reducción de las protecciones al aborto a nivel nacional.
Las organizaciones provida repudiaron la decisión
La organización SBA Pro-Life America condenó la firma de la ley y calificó la medida como "extrema".
Su presidenta, Marjorie Dannenfelser, cuestionó particularmente la eliminación de los límites para los abortos realizados en etapas avanzadas del embarazo y advirtió sobre las consecuencias de permitir que estos procedimientos se realicen con menos restricciones.
Desde la organización también reclamaron que los republicanos abandonen la idea de dejar completamente la regulación del aborto en manos de los estados y avancen hacia protecciones nacionales para los niños por nacer.
El argumento central de los sectores provida es que la discusión no puede reducirse a una cuestión de "acceso a la salud", ya que involucra directamente la protección de una vida humana en gestación.
Un nuevo capítulo de la batalla cultural en Estados Unidos
La decisión de Massachusetts se produce en un contexto de fuerte enfrentamiento político y cultural en Estados Unidos.
Desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade, los estados adquirieron un papel central en la regulación del aborto. Los demócratas buscan consolidar el acceso al procedimiento en los estados bajo su control, mientras que los republicanos y las organizaciones provida impulsan mayores restricciones y medidas de protección para los niños por nacer.
Healey decidió convertir Massachusetts en un bastión de esa agenda nefasta, al mismo tiempo que utilizó la reforma para desafiar abiertamente a Trump y al movimiento conservador.
La nueva ley comenzará a regir en 90 días y eliminará el límite general de 24 semanas que existía hasta ahora. Para sus impulsores, representa una ampliación de derechos; para sus críticos, la eliminación de una barrera legal que protegía la vida en etapas avanzadas del embarazo.
