En medio de un giro progresivo hacia políticas penitenciarias ultraizquierdistas en España, las administraciones regionales avanzan con iniciativas que buscan redefinir el concepto tradicional de prisión. Bajo el argumento de la ''reinserción social'', estos proyectos plantean modelos menos restrictivos que, para sus críticos, evidencian una preocupante relajación del sistema penal en el marco de la nefasta gestión del Gobierno comunista de Pedro Sánchez y de Salvador Illa en Cataluña.
En este contexto, la Generalitat de Cataluña abrirá en Barcelona una nueva prisión de régimen abierto sin rejas, con capacidad para albergar hasta 800 internos en situación de semilibertad. El centro, ubicado en la Zona Franca, comenzará a operar a finales de este año y estará destinado a personas que cumplen el tramo final de su condena en tercer grado, quienes únicamente acuden a dormir o a realizar controles de seguimiento.
El complejo se levanta sobre un solar de 6.500 metros cuadrados y cuenta con cerca de 13.000 metros cuadrados construidos. Con su puesta en marcha, se unificarán en un único espacio las plazas actualmente distribuidas entre la antigua prisión de la Trinitat y la sección masculina de Wad-Ras, además de sumar unas 200 camas adicionales.
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su diseño, que rompe deliberadamente con la imagen tradicional de las cárceles. Desde el exterior, el edificio podría confundirse con un centro sanitario o administrativo. Está compuesto por tres bloques en tonos grises y blancos, mientras que en el interior predominan colores vivos como el azul, el amarillo y el naranja, con el objetivo de generar un entorno más “amable”.
