En medio de un giro progresivo hacia políticas penitenciarias ultraizquierdistas en España, las administraciones regionales avanzan con iniciativas que buscan redefinir el concepto tradicional de prisión. Bajo el argumento de la ''reinserción social'', estos proyectos plantean modelos menos restrictivos que, para sus críticos, evidencian una preocupante relajación del sistema penal en el marco de la nefasta gestión del Gobierno comunista de Pedro Sánchez y de Salvador Illa en Cataluña.
En este contexto, la Generalitat de Cataluña abrirá en Barcelona una nueva prisión de régimen abierto sin rejas, con capacidad para albergar hasta 800 internos en situación de semilibertad. El centro, ubicado en la Zona Franca, comenzará a operar a finales de este año y estará destinado a personas que cumplen el tramo final de su condena en tercer grado, quienes únicamente acuden a dormir o a realizar controles de seguimiento.












