El caso de Noelia Castillo se convirtió en un punto de inflexión dentro de una discusión que ya venía creciendo en España sobre la aplicación de la eutanasia. La joven, de 25 años, falleció tras un procedimiento que se concretó luego de un proceso administrativo y judicial que se extendió durante veinte meses desde la solicitud inicial, en el marco de la Ley Orgánica 3/2021, normativa que regula la prestación de ayuda para morir bajo condiciones estrictamente definidas. Entre ellas, la ley establece que debe acreditarse la existencia de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante, debidamente certificado por el sistema sanitario.
En medio de la conmoción generada por el caso, comenzaron a conocerse cifras que reflejan cómo se ha aplicado esta legislación desde su entrada en vigor. Según se informó, los datos muestran una tendencia progresiva al alza en el número de eutanasias concedidas tanto en el conjunto del país como en distintas comunidades autónomas. En particular, la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, se ubica por encima de la media nacional en este indicador.
