El caso de Noelia Castillo se convirtió en un punto de inflexión dentro de una discusión que ya venía creciendo en España sobre la aplicación de la eutanasia. La joven, de 25 años, falleció tras un procedimiento que se concretó luego de un proceso administrativo y judicial que se extendió durante veinte meses desde la solicitud inicial, en el marco de la Ley Orgánica 3/2021, normativa que regula la prestación de ayuda para morir bajo condiciones estrictamente definidas. Entre ellas, la ley establece que debe acreditarse la existencia de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante, debidamente certificado por el sistema sanitario.
En medio de la conmoción generada por el caso, comenzaron a conocerse cifras que reflejan cómo se ha aplicado esta legislación desde su entrada en vigor. Según se informó, los datos muestran una tendencia progresiva al alza en el número de eutanasias concedidas tanto en el conjunto del país como en distintas comunidades autónomas. En particular, la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, se ubica por encima de la media nacional en este indicador.
Entre 2021 y finales de 2025, un total de 215 personas accedieron a la eutanasia en la región madrileña. La evolución anual evidencia un crecimiento sostenido desde la aprobación de la ley: cuatro casos en 2021, 38 en 2022, 35 en 2023, 62 en 2024 y 76 en 2025. Estas cifras reflejan cómo la práctica se fue consolidando progresivamente dentro del sistema sanitario.
El análisis de los expedientes también permite observar el funcionamiento del proceso administrativo que regula la ley. Durante 2024, en la Comunidad de Madrid se resolvieron 129 expedientes vinculados a solicitudes de eutanasia. De ese total, el 48,06% culminó con la prestación efectiva del procedimiento. Por otro lado, un 18,60% de las solicitudes fueron denegadas por no cumplir con los requisitos clínicos exigidos por la normativa vigente, mientras que un 8,53% fueron revocadas por los propios solicitantes durante la tramitación. Además, en 32 casos el fallecimiento del paciente se produjo antes de que se emitiera la resolución definitiva.
