El informe sostiene que la persecución política no se limita a opositores organizados. También alcanza a ciudadanos que protestan por las condiciones de vida, los cortes de electricidad, la falta de agua o las condiciones económicas de sus familias.
Cuba alcanzó un nuevo récord de 1.339 presos políticos, según el último informe mensual de Prisoners Defenders. La cifra, correspondiente al cierre de agosto, es la más alta registrada en décadas y expone el nivel de represión que atraviesa la isla bajo el régimen comunista. Solo durante el último mes se incorporaron 19 nuevos casos y se produjeron siete bajas, con un aumento neto de 12 personas respecto de julio.
El deterioro de la situación también queda reflejado en el acumulado anual. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, 281 personas fueron incorporadas a la lista de presos políticos, el número más elevado de los últimos tres años. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, advirtió que en Cuba incluso los reclamos por servicios básicos pueden terminar en prisión: “Reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel”.
Cuba suma 1.339 presos políticos
De acuerdo con el relevamiento de Prisoners Defenders, Cuba acumula 2.167 presos políticos desde julio de 2021, de los cuales 2.020 ingresaron a prisión durante ese período.
La cifra de agosto incluye además 155 mujeres encarceladas por motivos políticos, un récord absoluto en las últimas décadas. También aparecen 38 personas que fueron detenidas cuando todavía eran menores de edad. De ellas, 14 continúan privadas de su libertad.
El informe sostiene que la persecución política no se limita a opositores organizados. También alcanza a ciudadanos que protestan por las condiciones de vida, los cortes de electricidad, la falta de agua o las condiciones económicas de sus familias.
Reclamar agua y electricidad puede terminar en prisión
Uno de los casos documentados es el de Doraikis Delgado González, detenida el 7 de julio después de transmitir en directo una protesta vecinal en Alamar, La Habana.
Los vecinos reclamaban el restablecimiento de la electricidad después de más de un mes de apagones. Delgado González fue detenida sin una orden de arresto y permanece en prisión provisional en la Prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao.
La mujer padece hemofilia y necesita atención médica especializada. Sin embargo, las autoridades rechazaron modificar su medida cautelar. Además, es madre de dos niños de siete y ocho años, que quedaron bajo el cuidado de vecinos mientras su padre trabaja para mantener económicamente a la familia.
Otro caso es el de Sady Reynaldo Companioni, madre de una niña de seis años. Fue detenida el 28 de agosto después de denunciar durante más de dos semanas la falta de agua en su vivienda.
Reclamar agua y electricidad puede terminar en prisión
La situación había llegado al extremo de que su familia debía recoger agua de lluvia para beber. Cuatro agentes ingresaron a su domicilio y la detuvieron delante de su hija, que lloraba mientras se llevaban a su madre.
Companioni fue liberada el 2 de septiembre, pero, según Prisoners Defenders, debe presentarse diariamente en una dependencia policial.
La represión también alcanza a las familias
El informe advierte que el sistema represivo cubano no afecta únicamente a quienes son detenidos. Las familias también sufren amenazas, vigilancia, sanciones económicas, separación forzosa y encarcelamientos simultáneos.
“El castigo se ceba en los hijos y en la familia completa”, afirmó Larrondo. El dirigente de Prisoners Defenders sostuvo que existen madres detenidas simplemente por reclamar condiciones básicas para poder cuidar de sus hijos.
La situación genera un efecto intimidatorio que alcanza a comunidades enteras. El mensaje del régimen es claro: incluso una protesta vinculada con servicios esenciales puede terminar en una causa penal.
Un adolescente de 16 años permanece encarcelado
Entre los casos más graves aparece el de Christian de Jesús Crespo Álvarez, un preso de conciencia de apenas 16 años.
El adolescente fue detenido durante las protestas de marzo en Morón contra los apagones y permanece en prisión provisional en el penal de Canaleta, en Ciego de Ávila.
En junio se confirmó que había contraído hepatitis dentro de la cárcel. Sin embargo, según la denuncia recogida por Prisoners Defenders, las autoridades no lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada.
Su situación se agravó después de que supuestamente fuera agredido tras rechazar alimentos debido a su mal estado. Además, fue sancionado por un supuesto intento de fuga y trasladado a una zona donde permanece junto a presos adultos considerados peligrosos.
La familia también denuncia que las autoridades pretenden imputarle los delitos de “sabotaje” y “evasión”, sin que hayan podido acceder a la petición fiscal ni a información oficial suficiente sobre el proceso.
Golpizas, trabajo forzoso y falta de atención médica
El informe de Prisoners Defenders documenta 463 presos con patologías médicas graves. La organización vincula el deterioro de la salud con la falta de alimentación adecuada, los malos tratos y las condiciones de las cárceles cubanas.
También fueron identificados 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental que no recibirían tratamiento adecuado.
Uno de los casos denunciados es el de Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
El 26 de agosto, mientras se encontraba en la Prisión de Trabajo Forzoso La Lima, en Guanabacoa, habría sido esposado y golpeado después de negarse a realizar trabajos incompatibles con su estado de salud.
Según su familia, el jefe del establecimiento, el Teniente Coronel Parada, lo golpeó y le provocó inflamaciones en distintas partes del cuerpo, además de una lesión en uno de sus ojos. Tras la agresión le habrían negado incluso un examen médico.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ya había considerado arbitraria su privación de libertad y había reclamado su liberación.
Un preso con cáncer enfrenta una nueva condena
La persecución también continúa contra personas que padecen enfermedades graves. El 1 de septiembre, un tribunal condenó a Carlos Alberto McDonald Ennis a siete años de prisión.
El hombre desarrolló un cáncer maligno en la región maxilofacial mientras se encontraba encarcelado. Según la denuncia, durante ese período las autoridades le negaron atención médica, medicamentos y acceso a los resultados de sus estudios.
Actualmente necesita 35 sesiones de radioterapia, pero solo pudo completar cuatro.
La sentencia todavía no es firme y McDonald Ennis permanece bajo una fianza de 50.000 pesos. Sin embargo, existe el riesgo de que vuelva a prisión mientras continúa su tratamiento.
La condena está relacionada con una supuesta vinculación con la organización Cuba Primero, algo que tanto el propio acusado como la organización niegan. Además, el tribunal no habría acreditado la existencia de un acto violento concreto.
¿Cuántos presos políticos hay en Cuba?
Según la clasificación utilizada por Prisoners Defenders, los 1.339 presos políticos registrados en agosto se dividen en 807 convictos de conciencia, 495 condenados de conciencia y 37 casos incluidos dentro de la categoría de otros presos políticos.
La organización sostiene que los casos individuales documentados en su informe no son excepciones, sino ejemplos de una situación mucho más amplia dentro del sistema penitenciario cubano.
El dato central permanece: Cuba alcanzó la cifra más alta de presos políticos en décadas, mientras las protestas por la falta de electricidad, agua, alimentos y servicios básicos continúan siendo reprimidas.
Para Prisoners Defenders, detrás de los 1.339 nombres existen personas enfermas, familias separadas y menores de edad afectados por un sistema que utiliza la prisión como mecanismo de control político. La situación vuelve a poner bajo la lupa internacional al régimen cubano y su política de persecución contra quienes se atreven a cuestionar sus condiciones de vida.
