El ex dictador enfrenta una de las causas judiciales más graves de su carrera política, acusado de haber mantenido una relación con una menor durante su mandato.
La Fiscalía de Bolivia solicitó una condena de 20 años de prisión contra el ex presidente Evo Morales en el marco del juicio oral por trata agravada de personas que se desarrolla en la ciudad de Tarija. El ex mandatario está acusado de haber mantenido una relación con una menor de edad durante su gobierno y de haber tenido una hija con ella.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en 2016, cuando Morales todavía ejercía la presidencia de Bolivia. Los fiscales sostienen que la joven tenía 15 años al momento de iniciar la relación y que sus padres habrían recibido beneficios políticos y económicos a cambio de permitir el vínculo con el entonces mandatario.
La causa avanzó luego de que la Fiscalía reuniera más de 170 pruebas documentales, testimoniales y periciales contra el ex presidente. Entre las evidencias incluidas en el expediente figuran registros civiles, documentos oficiales y declaraciones vinculadas al nacimiento de una hija atribuida a Morales.
El ex dictador Evo Morales junto a la menor de edad
El juicio oral comenzó esta semana en ausencia del ex mandatario, quien decidió no presentarse ante el tribunal alegando persecución política y supuestas irregularidades en el proceso judicial. Debido a su inasistencia, la Justicia boliviana lo declaró en rebeldía y ratificó la orden de captura en su contra.
El tribunal también dispuso restricciones adicionales, incluyendo arraigo y medidas sobre bienes vinculados al ex presidente. Las autoridades judiciales sostienen que Morales fue notificado correctamente en reiteradas ocasiones y remarcaron que el proceso continuará aunque permanezca ausente.
Morales rechaza todas las acusaciones y asegura ser víctima de “lawfare” y persecución judicial impulsada por el actual gobierno boliviano. A través de redes sociales, el ex mandatario afirmó que no busca impunidad pero exige un proceso “imparcial y ajustado a la Constitución”.
Manifestación en contra del entonces dictador Evo Morales
El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos de Bolivia en los últimos años y profundizó todavía más la interna dentro del movimiento socialista boliviano. Mientras sectores afines a Morales denuncian una operación política para destruir su carrera, el gobierno sostiene que la Justicia debe avanzar sin privilegios contra el ex mandatario.
La situación judicial de Morales también coincide con un contexto de fuerte tensión social y política en Bolivia, marcado por protestas, bloqueos y enfrentamientos entre el oficialismo y sectores cercanos al ex dictador. Analistas locales consideran que el desenlace del juicio podría tener un impacto decisivo sobre el futuro político del país y sobre el liderazgo histórico de Morales dentro de la izquierda boliviana.