El Gobierno de Rodrigo Paz informó que investiga 26 casos de ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia, en el marco de las pesquisas por un presunto esquema de reclutamiento para participar en la guerra contra Ucrania. La información fue confirmada por el canciller Fernando Aramayo, quien detalló la situación de los connacionales identificados hasta el momento.
Según explicó el ministro de Relaciones Exteriores, de los 26 bolivianos registrados, 20 mantienen contratos activos con las Fuerzas Armadas rusas, cuatro se encuentran heridos y hospitalizados, uno falleció durante el conflicto y otro logró regresar a Bolivia. Además, indicó que uno de los heridos está en proceso de desvinculación del servicio militar ruso.
El presidente Rodrigo Paz junto al Secretario de Estado de EEUU Marco Rubio
Las investigaciones son llevadas adelante por la Fiscalía General del Estado, que abrió cuatro causas en distintos departamentos del país por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados.
Las autoridades sospechan que una organización captaba ciudadanos mediante promesas de empleos bien remunerados en el exterior y posteriormente los trasladaba a Rusia, donde terminaban firmando contratos para incorporarse al Ejército.
Como parte de la causa, la Justicia boliviana ya ordenó la prisión preventiva de tres personas detenidas en Santa Cruz, consideradas integrantes de la presunta red de reclutamiento. Los investigadores también buscan a un ciudadano extranjero señalado como uno de los principales organizadores del esquema, quien habría abandonado el país antes de ser arrestado.
Policías bolivianos deteniendo a tres hombres acusados de ser parte de una red de reclutamiento ruso
El Gobierno boliviano señaló que mantiene contacto con las familias de los ciudadanos involucrados y continúa realizando gestiones diplomáticas para obtener información sobre su situación. Asimismo, reiteró el llamado a la población para desconfiar de ofertas laborales relacionadas con viajes a zonas de conflicto, mientras la Cancillería trabaja junto a otros países para identificar posibles víctimas y evitar nuevos casos.
Las autoridades consideran que el caso podría tener un alcance mayor al inicialmente previsto y no descartan nuevas detenciones a medida que avance la investigación. Mientras tanto, la Fiscalía continúa analizando documentación y dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos para determinar cómo operaba la organización y si existen más ciudadanos bolivianos que hayan sido reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.
