Estados Unidos retiró las visas de más de 60 exfuncionarios de Colombia y Bolivia por vínculos con el narcotráfico

Estados Unidos revocó las visas de más de 60 funcionarios, exautoridades, políticos y familiares de Colombia y Bolivia, en una nueva ofensiva de la Administración de Donald Trump contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina.

La medida fue anunciada este jueves por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que Washington busca impedir que personas vinculadas con actividades criminales utilicen el sistema migratorio estadounidense.

"Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región", afirmó Rubio en un comunicado oficial. La decisión se enmarca en la estrategia regional de seguridad promovida por Trump y en la cooperación impulsada mediante la iniciativa Escudo de las Américas.

También fueron mencionados los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, además del exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt. Según el Departamento de Estado, las sanciones buscan respaldar los esfuerzos del Gobierno colombiano para combatir la influencia de organizaciones criminales dentro de las instituciones públicas.

En Colombia, las restricciones alcanzaron a 21 personas, entre ellas Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

La lista también incluye a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; al senador electo Wadith Manzur, cuya asunción quedó impedida por una orden judicial de detención, y a Karen Manrique, representante a la Cámara investigada en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En Bolivia, las medidas alcanzaron a 40 ciudadanos: 15 funcionarios o exfuncionarios y 25 familiares directos.

La medida se suma a las restricciones anunciadas en septiembre contra otros funcionarios bolivianos, en una serie de acciones que Washington justifica por presuntos casos de corrupción judicial y protección de redes de narcotráfico. Las acusaciones estadounidenses no implican que todos los afectados hayan sido condenados por esos delitos.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump convirtió la lucha contra el narcotráfico en uno de los ejes de su política hacia América Latina. Su Gobierno combina restricciones migratorias, sanciones y acuerdos de cooperación con países aliados.

La decisión sobre Colombia y Bolivia refuerza esa política y amplía la presión sobre funcionarios de la región. Por el momento, no se habían difundido respuestas de todos los afectados a las nuevas restricciones.