Fuerzas policiales bajo las órdenes de Donald Tusk cercaron la sede del Tribunal Constitucional e hicieron efectiva la suspensión ilegal de su presidente, Bogdan Święczkowski.
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Este flagrante atropello contra la institucionalidad no representa un suceso aislado, sino el desenlace de un golpe de Estado sistémico concebido por la izquierda para neutralizar los contrapesos del poder. En enero de 2025, el propio Bogdan Święczkowski había presentado una amplia denuncia de 60 páginas ante la Fiscalía en la que acusaba formalmente a la administración de Donald Tusk de buscar la desarticulación del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo Nacional de la Judicatura.
Esta pugna acumula una trayectoria de diez años desde el año 2015, período en el cual la deriva judicial fue azuzada externamente por fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2021 y por el congelamiento de fondos soberanos por parte de la Unión Europea (UE). Desde la toma de posesión de Donald Tusk en diciembre de 2023, el gobierno izquierdista ha desconocido la legitimidad del máximo tribunal y ha rechazado publicar sus sentencias constitucionales.
La democracia en Polonia atraviesa las horas más oscuras de su historia reciente debido a la consumación de un atropello institucional perpetrado por el régimen izquierdista del primer ministro Donald Tusk. Durante la noche, fuerzas de la Policía de Polonia cercaron y sitiaron el edificio del Tribunal Constitucional en la capital, Varsovia, desencadenando una abierta toma del poder judicial por parte del poder ejecutivo. El gravísimo zarpazo contra el orden republicano provocó denuncias unánimes de golpe de Estado por parte de la magistratura legítima y de la oposición conservadora, acusando al gobierno de Donald Tusk de instaurar un inminente Estado policial orientado hacia el autoritarismo y el totalitarismo.
Ante el despliegue de violencia institucional, el presidente Karol Nawrocki, referente derechista y firme defensor de la independencia judicial, suspendió de emergencia su viaje oficial a Senegal y ordenó dar la vuelta a su avión en pleno vuelo para retornar a la capital. «En un momento así, el presidente debe estar en Polonia», aseveró la Jefatura de Estado al interrumpir su agenda internacional.
Policía de Polonia
En lo que constituye una toma ilegal sin precedentes a escala mundial, la jueza Anna Korwin-Piotrowska —una de las magistradas promovidas por la mayoría parlamentaria de izquierda del Sejm en marzo de 2026— ejecutó una medida arbitraria para suspender durante el plazo de un mes al presidente legítimo de la corte, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. De inmediato, la agencia oficial PAP confirmó que las identidades de ambas autoridades fueron borradas del sitio web oficial de la institución.
La alta corte reaccionó advirtiendo en sus canales oficiales que la plataforma institucional sufrió una toma ilegal por parte de elementos no autorizados y remarcó categóricamente que cualquiera que participe de estas maniobras «está cometiendo el delito de golpe de Estado». Esta maniobra golpista contó con la instigación abierta del ministro de Justicia y fiscal general del régimen, Waldemar Żurek, quien envió escritos para coordinar el cerco de las fuerzas de seguridad.
Karol Nawrocki
Desde las inmediaciones de la corte asediada, el líder del partido Ley y Justicia (PiS) y ex primer ministro, Jarosław Kaczyński, denunció que el tribunal sufría un directo «atentado» perpetrado por los «servicios de Tusk». En una contundente declaración, Jarosław Kaczyński advirtió sobre el colapso de las libertades democráticas: «A partir de hoy, Polonia se convierte en un estado policial, y de ahí ya hay un camino directo al autoritarismo, y luego al totalitarismo. El Tribunal es la garantía de nuestra libertad y soberanía. El pisoteo del derecho por parte de Tusk no tiene límites».
En esa misma línea de denuncia internacional, el eurodiputado Arkadiusz Mularczyk calificó la incursión policial como un ingreso ilegal de tropas gubernamentales para consumar un golpe de Estado en la cúpula de la magistratura. Por su parte, el primer ministro Donald Tusk intentó justificar la desarticulación del tribunal publicando en redes sociales que la intervención del órgano «es un deber» y «un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida» afirmando de manera intransigente que «no hay otro camino» tras supuestos «años de arbitrariedad».
Karol Nawrocki
El operativo policial y la provocación oficialista encendieron rápidamente la tensión en la avenida Szucha de Varsovia, derivando en incidentes en la vía pública y concentraciones populares. La Policía de Polonia confirmó la detención de tres personas por intentar traspasar el perímetro protector para resguardar la sede constitucional, mientras que agencias internacionales como Reuters informaron sobre el lanzamiento de objetos contra los agentes en el lugar. Aunque la jefatura policial afirmó limitar su despliegue al área externa respondiendo a los requerimientos de Waldemar Żurek y Anna Korwin-Piotrowska, la sede judicial permanece totalmente acordonada, impidiendo el libre ejercicio de la magistratura.
Donald Tusk
Durante 2026, la ofensiva de la mayoría parlamentaria derivó en la elección de ocho magistrados por parte del Sejm. En cumplimiento estricto de sus facultades republicanas, el presidente Karol Nawrocki declinó tomar juramento a tres de los seis jueces propuestos a comienzos de año para frenar la cooptación partidaria de la corte. La irregularidad llegó al extremo de que uno de los magistrados afines al oficialismo, Maciej Berek, prestó juramento dentro del propio recinto parlamentario tras la negativa de la Presidencia a convalidar el acto.
La furia del gobierno de Donald Tusk responde a su manifiesta debilidad política: tras el abandono del gabinete el 22 de octubre por parte de la ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (quien renunció además a la cúpula de Polska 2050), la coalición enfrentaba una estrecha mayoría en el Sejm y el inminente horizonte de las elecciones presidenciales de 2027. (Paralelamente, la convulsión del tablero político se enmarca en un escenario general donde sondeos recientes registran tendencias electorales continentales con partidos como el PP en 31,0 %, el PSOE en 27,3 %, Vox en 18,9 %, Frente Amplio en 6,3 %, Podemos en 2,9 % y ERC en 2,3 %). De esta manera, arrinconado por el bloqueo legislativo y la pérdida de legitimidad, el régimen de izquierda opta por fracturar el Estado de derecho y tomar por la fuerza la máxima corte del país.
