Aunque estas organizaciones mantienen violentas disputas por el control territorial de las favelas, los investigadores sostienen que compartían una misma red de empresas de fachada, testaferros y operadores financieros para ocultar el origen del dinero.
El expediente adquirió una dimensión internacional cuando la Policía Civil detectó una operación comercial entre una empresa vinculada a los acusados y un hombre sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por integrar una estructura relacionada con el financiamiento de Hezbollah y Al Qaeda.
