La propuesta planteaba una serie de cambios de carácter constitucional para mejorar el Poder Judicial.
Italia rechazó en un referéndum la reforma judicial impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, en un resultado que, según los datos oficiales difundidos este lunes, marcó un escenario competitivo.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, la opción del “No”, respaldada por sectores de la oposición, alcanzó alrededor del 54% de los votos, frente al 46% del “Sí”, promovido por la coalición oficialista.
Entre los puntos centrales se incluía la separación de las carreras de jueces y fiscales, que actualmente pueden alternarse, así como la división del Consejo Superior de la Judicatura (CSM) en dos órganos independientes: uno destinado a jueces y otro a fiscales.
Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la participación, que rondó el 60%, muy por encima de las previsiones iniciales.
La propuesta de Meloni planteaba una serie de cambios de carácter constitucional orientados a mejorar el sistema judicial, con más independencia y menos politización.
Además, el proyecto contemplaba que los miembros de estos organismos fueran elegidos por sorteo, en lugar de votación, con el objetivo de reducir la influencia de corrientes internas y la incidencia de factores políticos en la designación de cargos clave. También se proponía la creación de una Alta Corte Disciplinaria independiente.
La reforma fue presentada por el gobierno italiano como una herramienta para fortalecer la independencia judicial, promover la meritocracia y reducir la politización del sistema.
En ese sentido, los cambios eran necesarios para que el Poder Judicial rindiera cuentas por sus errores, eliminar posibles sesgos contra los acusados e impedir que facciones con intereses políticos condicionaran el funcionamiento de la justicia.
Si bien el resultado del referéndum implica un freno para la implementación de estas modificaciones, el respaldo cercano a la mitad del electorado demuestra que existe una importante base social que acompaña la necesidad de introducir cambios en el sistema judicial.
