La polémica Ley de Expropiación de Sudáfrica, que amplía las facultades del gobierno comunista para tomar tierras privadas, comenzó a ser cuestionada judicialmente el 3 de agosto ante el Tribunal Superior del Cabo Occidental. El proceso enfrenta a activistas y sectores de la oposición con el gobierno del socialista Cyril Ramaphosa, en un conflicto que también tiene repercusiones internacionales debido a la oposición del presidente estadounidense Donald Trump a la legislación.
La ley fue aprobada por el Parlamento sudafricano en marzo de 2024, cuando el Congreso Nacional Africano (ANC) todavía tenía mayoría legislativa, y Ramaphosa la promulgó en enero de 2025. La normativa reemplazó una legislación de 1975 que exigía compensar a los propietarios por las tierras expropiadas por el Estado.
El gobierno de Ramaphosa sostiene que la medida busca corregir las ''profundas desigualdades económicas'' heredadas de décadas de gobierno de minoría blanca y facilitar una reforma agraria que permita ampliar el acceso de la población negra a la tierra. Sin embargo, sus críticos consideran que la legislación otorga al Estado poderes excesivos sobre la propiedad privada y puede generar inseguridad jurídica, especialmente entre los agricultores comerciales.
Crecen las críticas contra el comunista Cyril Ramaphosa por su nefasta ley de expropiación de tierras a granjeros blancos
Críticas a Ramaphosa y al Gobierno del ANC
La principal controversia gira en torno a la posibilidad de realizar determinadas expropiaciones sin una compensación equivalente al valor de mercado. Aunque Pretoria insiste en que la ley no permite confiscaciones arbitrarias y que cualquier expropiación debe responder al interés público, los opositores advierten que la amplitud de ese concepto puede dejar a los propietarios vulnerables frente a decisiones políticas.
La Alianza Democrática (DA), actualmente parte del gobierno de unidad nacional pero enfrentada al ANC en este asunto, se sumó al desafío judicial. Jan de Villiers, portavoz nacional del partido, defendió ante el tribunal la protección de los derechos de propiedad y argumentó que las garantías sobre los bienes privados son esenciales para atraer inversiones, crear empleos y mantener una economía funcional.
Otros dirigentes de la DA también cuestionaron la forma en que la legislación fue aprobada. Ashor Sarupen, presidente del consejo federal del partido, afirmó que el proyecto fue impulsado apresuradamente durante la primavera de 2024, antes de que el ANC perdiera su mayoría en las elecciones de junio de ese año.
Jan de Villers, integrante de la Alianza Democrática, que forma parte del gobierno de unidad, criticó la ley
Bonginkosi Madikizela, portavoz de infraestructura y obras públicas de la DA, señaló además posibles irregularidades durante el proceso legislativo. Según sus críticos, estas cuestiones justifican una revisión judicial de la normativa y alimentan las sospechas de que el ANC utilizó su antigua mayoría para aprobar una reforma de gran alcance antes de perder poder electoral.
Durante el debate parlamentario de 2024, la DA acusó al ANC de intentar ampliar la autoridad estatal sobre la propiedad para ocultar sus propios fracasos en materia de reforma agraria. El argumento es que décadas de políticas destinadas a redistribuir tierras no han producido los resultados prometidos y que el Gobierno ahora busca ampliar sus facultades en lugar de solucionar los problemas estructurales del sector agrícola.
La disputa también ha deteriorado las relaciones entre Sudáfrica y Estados Unidos. Trump suspendió nueva ayuda estadounidense a Sudáfrica mediante una orden ejecutiva en febrero de 2025 y posteriormente aplicó elevados aranceles comerciales al país. El presidente estadounidense argumentó que la legislación podría utilizarse para confiscar propiedades pertenecientes a agricultores blancos.
Otros miembros de la Alianza Democrática incluso sugirieron potenciales irregularidades en el proceso legislativo
En defensa de los afrikáners
La controversia ha colocado nuevamente a los afrikáners en el centro del debate internacional. Los afrikáners son descendientes principalmente de colonos neerlandeses que llegaron a Sudáfrica hace más de tres siglos y desarrollaron una identidad cultural y lingüística propia.
La administración Trump adoptó una postura especialmente favorable hacia quienes denuncian riesgos para los agricultores blancos. En mayo de 2025, Trump confrontó públicamente a Ramaphosa durante una reunión en la Casa Blanca y presentó material relacionado con denuncias de violencia contra afrikáners. Ese mismo año, decenas de sudafricanos blancos fueron admitidos en Estados Unidos bajo un programa de refugiados impulsado por la administración Trump.
Un conflicto con consecuencias económicas
El Gobierno sudafricano insiste en que no ha confiscado tierras y que la legislación está respaldada por los principios de ''justicia, igualdad e interés público''. Su plan nacional de desarrollo contempla acelerar la transferencia de tierras agrícolas a beneficiarios negros y propone que los agricultores blancos colaboren mediante capacitación, integración comercial y desarrollo de capacidades.
Sin embargo, el desafío judicial podría determinar hasta dónde puede llegar el Estado en ese proceso. Una sentencia contra la ley obligaría al Gobierno de Ramaphosa a revisar una de sus principales herramientas de la reforma agraria.
El caso podría tardar semanas o meses en resolverse. Mientras tanto, la disputa refleja una cuestión central para Sudáfrica: cómo corregir las desigualdades heredadas del apartheid sin debilitar los derechos de propiedad, la confianza de los inversores y la estabilidad económica. Para Trump y sus aliados, el caso representa además una señal de alerta sobre las políticas del Gobierno de Ramaphosa y su relación con las comunidades afrikáners.
Donald Trump ha sido un gran crítico del régimen comunista de Ramaphosa y ha aplicado severas medidas comerciales a Sudáfrica
