Las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas volvieron a ser escenario de protestas en una señal que, lejos de disiparse, parece consolidarse como una constante del panorama social.
Por tercera vez en lo que va del año, distintos sectores de trabajadores salieron a manifestarse para exigir una recomposición urgente de sus ingresos, en un contexto económico que continúa deteriorando el poder adquisitivo.
La convocatoria reunió a docentes, personal sanitario, empleados públicos, jubilados y pensionistas, entre otros grupos, que reclaman una actualización del salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, una cifra que hoy equivale a apenas unos centavos de dólar.
Las movilizaciones se replicaron en distintos puntos del territorio, aunque tuvieron su epicentro en Caracas, donde los manifestantes intentaron marchar hacia el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, la presencia de fuerzas de seguridad y concentraciones oficialistas dificultó el recorrido previsto, obligando a modificar el trayecto original.
Uno de los aspectos más sensibles del conflicto radica en la política salarial adoptada por el régimen, que ha optado por complementar los ingresos mediante bonos que no se incorporan al salario formal.
