Los tres hermanos terroristas fueron encontrados culpables por el asesinato de tres carabineros chilenos.
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La justicia chilena dictó una de las sentencias más contundentes de los últimos años en materia de seguridad, al condenar a prisión perpetua a tres terroristas mapuches por el asesinato de tres carabineros ocurrido en abril de 2024 en la localidad de Cañete, en la región del Biobío.
El Tribunal Oral de Cañete resolvió aplicar presidio perpetuo a los hermanos Tomás, Jefferson y Felipe Antihuen Santi, considerados autores del crimen de los carabineros Sergio Arévalo,Carlos Cisterna y Misael Vidal. De acuerdo con la sentencia, los condenados solo podrán acceder a beneficios penitenciarios una vez cumplidos 40 años efectivos de cárcel.
El fallo se conoció tras seis semanas de juicio oral, en las que la fiscalía presentó pruebas sobre la planificación y ejecución del ataque. Según la investigación, los carabineros fueron emboscados mientras realizaban un procedimiento habitual en una zona rural, y posteriormente asesinados utilizando sus propias armas. Sus cuerpos fueron hallados calcinados dentro del vehículo policial en el que se trasladaban.
Los tres carabineros asesinados por los terroristas
En la misma causa, un cuarto implicado, Nicolás Rivas Paillao, fue condenado a 22 años y un día de prisión como colaborador, al haber facilitado el arma utilizada en el crimen.
Desde el Ministerio Público destacaron que la sentencia representa un avance en términos de justicia para las víctimas y sus familias. El fiscal a cargo del caso señaló que la resolución contribuye a restablecer la sensación de seguridad, en un contexto marcado por episodios de violencia en el sur del país.
El caso se enmarca en un escenario más amplio de conflictividad en la denominada “macrozona sur”, donde en los últimos años se han registrado ataques terroristas mapuches a fuerzas de seguridad, predios y maquinaria, en medio de disputas territoriales y acciones de grupos radicalizados.
Terroristas Mapuches marcando territorio
La condena a prisión perpetua aparece así como una señal institucional frente a delitos de extrema gravedad contra funcionarios del Estado. El hecho de que se haya aplicado la pena máxima prevista por la legislación chilena refuerza la respuesta judicial ante crímenes que afectan directamente al orden público y la seguridad.
En términos políticos y judiciales, el fallo marca un precedente relevante en la persecución de hechos de violencia en la región. Más allá de las particularidades del caso, la resolución pone el foco en la capacidad del sistema judicial para investigar, juzgar y sancionar delitos complejos en contextos de alta tensión social.
