Durante el Tedeum por el Día de la Independencia, el arzobispo Jorge García Cuerva eligió la parábola del Buen Samaritano para invitar a los argentinos a recuperar la honestidad, la compasión y la cercanía con quienes sufren. Difícil encontrar a alguien que pueda estar en desacuerdo con ese diagnóstico. La corrupción destruye sociedades. La indiferencia degrada a las personas. Y ninguna nación puede aspirar a prosperar si abandona a los más vulnerables.
Sin embargo, la parábola contiene una enseñanza institucional que muchas veces pasa inadvertida. Toda la historia transcurre sin intervención del poder político. No aparece un ministerio. No surge un programa estatal. No existe un impuesto extraordinario para asistir al herido. Lo que aparece es algo mucho más profundo: una persona libre que decide actuar moralmente.
El Buen Samaritano se detiene porque quiere. Utiliza recursos propios. Celebra un acuerdo con el posadero. Asume personalmente los costos y promete regresar para responder por cualquier gasto adicional. Hay compasión, propiedad privada, responsabilidad y cooperación voluntaria. Cuesta encontrar una descripción más cercana a la sociedad civil que imaginaban pensadores como Murray Rothbard, para quien la virtud solo tiene sentido cuando nace de una decisión libre.
Esa diferencia no es menor. El Estado puede obligar a transferir recursos. No puede obligar a amar al prójimo. Puede recaudar impuestos. No puede fabricar misericordia. La solidaridad pierde buena parte de su contenido moral cuando deja de ser una elección para convertirse en una obligación impuesta desde el poder.
Durante décadas, la Argentina recorrió el camino contrario. El kirchnerismo prometió reemplazar los vínculos espontáneos de la sociedad por un Estado omnipresente. Cada problema parecía requerir una nueva oficina pública, un nuevo subsidio, un nuevo impuesto o una nueva estructura burocrática. En nombre de la justicia social, el aparato estatal creció sin pausa mientras la pobreza aumentaba, la inflación destruía los salarios y la corrupción ocupaba un lugar central en la discusión pública.










