El salario mínimo tiene una fuerza política difícil de discutir. Si un trabajador gana poco, parece razonable establecer por ley que deberá cobrar más. Quienes lo defienden ven una protección frente a salarios demasiado bajos; quienes lo cuestionan advierten sobre sus efectos en el empleo. Pero detrás de esa discusión aparece una pregunta menos evidente: ¿puede una ley aumentar el valor económico de un trabajo simplemente ordenando que se pague más por él?
Este fue el tema sobre el que volví a “conversar” con Murray Rothbard, porque dedicó parte de “Man, Economy, and State with Power and Market” a analizar qué sucede cuando el Estado fija salarios por encima de los que surgirían voluntariamente entre trabajadores y empleadores.
—Profesor Rothbard, ¿qué tiene de malo establecer por ley que nadie cobre menos de determinada cantidad?
—La intención y el resultado son cuestiones diferentes. Un gobierno puede establecer el salario mínimo que desee, pero no puede obligar a un empleador a contratar a una persona cuyo trabajo valora por debajo de ese costo.
—Pero el trabajador que conserva su empleo cobra más.
—Por supuesto. Y ésa es la parte visible. El problema aparece con quienes dejan de ser contratados. En “Man, Economy, and State with Power and Market” expliqué que, cuando el salario mínimo se fija por encima del valor de mercado de determinado trabajo, la cantidad de trabajo ofrecida supera a la demandada. Ese excedente se manifiesta como desempleo.
—Entonces usted diría que el salario mínimo perjudica precisamente a algunos trabajadores.
—A aquellos cuya productividad no justifica todavía el salario impuesto. La ley no consigue elevar por decreto su productividad. Simplemente vuelve ilegal contratarlos por debajo de determinada remuneración.
—Sus críticos podrían responder que, sin esa protección, los empresarios pagarían salarios miserables.
—Pero los salarios no dependen exclusivamente de la voluntad del empresario. Los empleadores también compiten por trabajadores. En una economía de mercado, las remuneraciones están relacionadas con el valor que el trabajo aporta a la producción. Si queremos salarios mayores de manera sostenible, debemos mirar aquello que aumenta la productividad del trabajador.
—¿Y qué la aumenta?
—Fundamentalmente, disponer de más y mejores bienes de capital. Un trabajador con mejores herramientas, maquinaria y tecnología puede producir más. El aumento sostenible de los salarios proviene de ese incremento de productividad, no de modificar mediante una ley el número escrito en un contrato.
—Pero supongamos que el salario mínimo afecta solamente a los empleos peor remunerados. ¿No sería un costo aceptable?
—Precisamente allí está uno de los mayores problemas. Son los trabajadores menos productivos o con menor experiencia quienes tienen más dificultades para superar ese umbral. La legislación puede mejorar el salario de quien permanece empleado y, al mismo tiempo, cerrar la puerta a quien intenta ingresar al mercado laboral.
—En una palabra, ¿la ley puede subir el precio del trabajo pero no su valor?
—Exactamente. Y confundir ambas cosas genera consecuencias. En “Man, Economy, and State with Power and Market” sostuve que mantener salarios por encima de su nivel de mercado produce desempleo.
—Entonces, ¿cuál sería la pregunta correcta ante un salario que consideramos demasiado bajo?
—No preguntaría primero cuánto debería ordenar el gobierno que se pague. Preguntaría qué hace que el trabajo de una persona llegue a valer más y qué condiciones permiten que su productividad aumente.
—Muchas gracias, profesor. La seguimos la semana que viene.
