El Poder Judicial y la Constitución

Hay otros reaseguros contra esos abusos judiciales, pero no han sido efectivos hasta hoy.

Un sistema donde los jueces casi no rinden cuentas

La realidad es que los jueces son casi totalmente impunes: poquísimos de ellos han sido llevados a juicio político por el Consejo de la Magistratura y aún menos han sido removidos por el Jurado de Enjuiciamiento.

¿Causas? Varias.

En primer lugar, la politización del sistema, que con frecuencia convierte a la convivencia entre política y justicia, en un contubernio donde violan los más elementales principios éticos de la judicatura, sin que pase nada, porque el Consejo de la Magistratura tiene política en los representantes del diputados y senadores, política en los representantes de las universidades nacionales, política en los representantes de los abogados y política y colegas de los potenciales enjuiciados, en los representantes de los jueces. Analizar la realidad de cada estamento requiere un espacio que ahora no tenemos, pero para muestra… basta la realidad.

En segundo lugar se ha consolidado una tesis bien intencionada en su origen pero exhorbitada y muy mal aplicada en su desarrollo: “Los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias” se repite mecánicamente, sin entender que al no limitar esa regla, colocamos a un grupo de seres por encima de las leyes en todo lo que respecta a su trabajo.

Semejante privilegio es inconstitucional, contradictorio con el delito de prevaricato del Código Penal y permite la impunidad total de los magistrados, atribuyéndoles el privilegio de inviolabilidad del Rey de España, lo que evidencia la exageración de semejante principio doctrinario elevado a ley no escrita por los mismos que se benefician de ella.

En tercer lugar, la Corte Suprema, que podría actuar con rapidez, energía y rigor ante los jueces que abusan de su poder y hacen política impidiendo la vigencia de ciertas leyes, sigue –salvo rarísimas excepciones- midiendo el tiempo con una parsimonia decimonónica incompatible con el vértigo del siglo XXI y actuando con una autocensura exagerada. Si tan solo actuase ante esos jueces despóticos y revocase sus sentencias, denunciándolos además ante el Consejo de la Magistratura, seguramente disminuirían mucho los excesos que cada día son más frecuentes.

Sin una Justicia mejor no habrá reformas duraderas

Sin un Poder Judicial mejor, no alcanzan esfuerzos de la gente, la plena libertad, mejores leyes ni más inversiones.

En estos últimos años el Poder Judicial ha demostrado que no sabe, no puede o no quiere corregir sus debilidades y errores. Los primeros obligados son la Corte Suprema y cada uno de todos los jueces, por su propia función y porque gozan de una batería de privilegios y garantías para sentirse, ser y actuar independiente y decentemente.

Sigue habiendo una minoría de malos jueces, a los que no les bastan altos sueldos, beneficios excelentes, régimen jubilatorio principesco, comodidades horarias envidiables y una estabilidad absoluta que ni los Kirchner pudieron quebrar.

Qué debería cambiar en el sistema judicial

No se trata de cambiar todo sino de cambiar algunos puntos clave, de variada importancia pero similar efecto benéfico. Por mencionar solo algunos:

El poder de la Corte es enorme, mayor del que surge de las leyes, porque jueces y funcionarios saben que su carrera, ascensos y otras condiciones dependen de ella. Debe estructurarse de forma tal que nadie, ni de afuera ni de adentro de la Justicia, domine al sistema y lo sindicalice.

El Consejo de la Magistratura debe ser reformulado en profundidad, con muchísima menos política, concursos breves sin dilaciones, evaluaciones modernas y no solo académicas, ternas votadas individualmente y sin manipulación en entrevistas personales.

El Jurado de Enjuiciamiento debe reducirse a 3 personas, preferiblemente ya jubiladas, porque ningún legislador, juez ni abogado en actividad es realmente libre al juzgar a un juez que luego podrá juzgarlo a él, o cuyos amigos y colegas, seguirán haciéndolo.

Es imprescindible una Ley de Ética Judicial como el excelente Código de Bangalore de las Naciones Unidas.

Los jueces y funcionarios deben ser realmente a tiempo completo, con horarios realistas y sin actividad en entidades como la AFA ni en la docencia mientras el juzgado esté atrasado.

La administración de personal y de recursos debe ser realizada por profesionales en esas actividades, no por abogados, a los que ninguna facultad entrena para eso.

Los códigos procesales deben simplificarse al máximo, incluyendo la reducción de las apelaciones a una sola, salvo casos de arbitrariedad, con medios probatorios modernos, compatibles con la informática segura.

Todo el rendimiento del sistema judicial debe estar auditado permanentemente. La tasa de interés debe ser una sola y única. Los honorarios periciales deben ser independientes del pleito. Los dictámenes psiquiátricos deben ser vinculantes, salvo opinión contraria de otros profesionales de la misma disciplina: hace demasiados años que la psiquiatría es una ciencia, para que algunos jueces descarten pericias porque creen saber más, solo por ser jueces. Muchas víctimas fatales se hubieran salvado si el garanto-abolicionismo fuese, al menos, razonable.

Iguales ante la ley, también los jueces

El siglo XXI no soporta más impunidad. Las redes sociales quebraron la sombra que escondía los poderosos, sean políticos, empresarios, sindicalistas, jueces, deportistas, periodistas o artistas. Absolutamente todos somos iguales ante la ley y debemos serlo.

Los ciudadanos deben ser exigentes con el Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que ser exigente con quienes violen las leyes. No es tan difícil, pero se necesita coraje.

Mucho coraje.