A poco más de un año de las elecciones de 2027, el gobierno de Javier Milei enfrenta la disyuntiva que tarde o temprano define a toda administración reformista: elegir entre lo correcto y lo conveniente.
No se trata de la elección entre el bien y el mal, que sería fácil. Es la elección entre dos cursos que, para cualquier gobierno, se sienten ambos razonables. Uno rinde en el mediano plazo y cuesta caro ahora. El otro rinde ahora y se paga después, cuando el que paga ya es otro.
El coro de la micro
La conversación pública argentina gira desde hace meses alrededor de una sola palabra: la micro. La opinión pública, el círculo rojo y hasta los socios del PRO martillan a diario sobre el mismo diagnóstico. Se destruye empleo formal en los cascos urbanos. La actividad se mueve en serrucho. Y la conclusión, siempre la misma: la gente se está cansando.
Conviene empezar reconociendo que los datos son reales, porque negarlos sería exactamente el error que este espacio le critica al kirchnerismo. El empleo asalariado privado registrado cayó a 6,130 millones en abril, 128.600 puestos menos que un año antes. La irregularidad del crédito a las familias llegó a 12,8% en mayo, 8,3 puntos por encima del mismo mes de 2025. El consumo masivo encadenó en junio su sexta caída interanual consecutiva. Nada de eso admite relativización.
Muchas veces la clave no es entender lo que se dice, sino lo que se omite.
Lo que el coro omite
Empecemos por la mora, que es el dato que más se agita y el peor entendido. La irregularidad del crédito a las familias explotó porque el crédito a las familias volvió a existir. En 2023 la mora era baja por la razón más sencilla del mundo: nadie prestaba. Como sostiene el ministro Caputo, el aumento de la mora es producto de que los bancos volvieron a actuar de bancos. El fenómeno es real y doloroso para los hogares que quedaron del lado equivocado, pero es el precio de entrada de una economía que recupera intermediación financiera después de veinte años sin ella. El propio sector bancario estima que la irregularidad se reducirá en los últimos seis meses del año.
Con el empleo hay que ir más al fondo. La caída del empleo registrado privado no empezó con este gobierno: el propio informe del SIPA señala que mantiene una trayectoria descendente desde septiembre de 2023, tres meses antes de que Milei asumiera. La Argentina no crea empleo formal privado desde hace más de una década, bajo ningún signo político, y la razón no es coyuntural: el marco regulatorio del empleo registrado es un desastre. Contratar bajo relación de dependencia es asumir un pasivo contingente de dimensiones desconocidas, y el sistema castiga sistemáticamente al empleador que cumple.
Lo interesante es que los trabajadores lo saben y actúan en consecuencia. Mientras el asalariado registrado caía, el monotributo sumó 49.500 nuevos inscriptos en doce meses. Buena parte de ellos no son changarines: son profesionales, técnicos y prestadores de servicios que eligen facturar antes que entrar en una relación de dependencia tradicional. El país estigmatiza el «empleo informal» como si fuera siempre una desgracia impuesta, cuando en muchísimos casos es una decisión.
Y los números lo confirman de manera brutal. Según el índice de salarios del INDEC, en mayo los ingresos acumulaban desde diciembre una suba de 12,3% en el sector privado registrado, 13,7% en el público y 23,9% en el privado no registrado. Contra una inflación acumulada del 14,7% en el mismo período, el trabajador registrado perdió y el no registrado ganó por diez puntos. Si la informalidad fuera pura precariedad forzada, esa relación sería la inversa. Fuera del corsé de la negociación colectiva y de las cargas del régimen formal, los ingresos se mueven más rápido. El problema argentino no es que la gente huya del empleo registrado; es que el empleo registrado sea tan caro de ofrecer y tan poco atractivo de aceptar.
Queda el consumo, el flanco más expuesto, y donde conviene no hacer trampa en ninguna dirección. El consumo masivo está mal y el dato oficial lo confirma: la Encuesta de Supermercados del INDEC registró una caída de 0,7% interanual en mayo y de 2,8% acumulada en el año a precios constantes. No es un invento de las consultoras.
Lo que sí es un error es discutir el consumo únicamente en variaciones interanuales. En un país cuya base de comparación cambia de sentido cada doce meses —la primera mitad de 2025 fue excepcional porque adentro tenía todo el consumo postergado de 2024—, el interanual mide contra qué venís, no dónde estás. Lo que importa es el nivel.
Y en niveles el cuadro es dispar, no negativo. Los patentamientos de autos cayeron 30,3% interanual en julio y el titular se escribió solo; en los últimos doce meses, sin embargo, se patentaron 562.170 vehículos, muy por encima de las 414.211 unidades de todo 2024 y de las 449.438 de 2023. La góndola, en cambio, sigue por debajo de donde estaba antes de diciembre de 2023.
Hay además una razón para sospechar que parte de esa caída no es caída sino rotación. Medimos el consumo masivo básicamente como consumo en supermercados, y los supermercados perdieron la ventaja artificial que les daban los Precios Cuidados: sin ese régimen, dejaron de ser el canal obligado y quedaron compitiendo de igual a igual con mayoristas, comercios de cercanía y, sobre todo, con el comercio electrónico, que creció 34,8% en el primer semestre. A eso se suma algo que ninguna estadística capta bien: es perfectamente racional resignar el vino, el fiambre o el asado del sábado durante unos meses para juntar la moto, la computadora o el anticipo del auto. Eso aparece en los datos como consumo que se derrumba. Es consumo que se reordena.
¿Y por qué se cuida el changuito? Por el ingreso, y ahí volvemos al punto anterior. El salario real registrado acumula una caída de 3,1% interanual en los primeros cinco meses del año, mientras el no registrado le gana a la inflación por diez puntos. La diferencia no es el ciclo: es el régimen. Y de ahí se sigue la conclusión que incomoda al coro: si el consumo de los hogares está atado al salario formal y el salario formal no puede subir, la solución no es un plan de crédito subsidiado que empuje la góndola por seis meses. Es desarmar la estructura que le impide subir solo. Un plan platita compra un semestre. La reforma del régimen laboral resuelve el problema y no cuesta un peso de superávit.
Sobre lo demás, los fundamentos no describen una economía en deterioro. La inflación de junio fue 1,9%, perforando por primera vez en casi un año la barrera del 2%, y julio se ubicaría en torno a ese mismo nivel pese a cargar con tarifas, transporte y vacaciones de invierno. La serie tendencia-ciclo del EMAE acumula 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011. El riesgo país cerró julio en 430 puntos básicos y el fantasma de 2027 salió de la mesa.
Y hay algo que nadie está señalando: ese crecimiento se está produciendo sin el mecanismo que históricamente lo fabricaba. En la Argentina el ciclo económico venía sincronizado con el ciclo electoral —se crecía cuando había que ganar una elección, a fuerza de políticas activas, gasto y tarifas pisadas, y se pagaba la cuenta al año siguiente—. Esta vez la economía crece con superávit primario de 0,6% del PBI y financiero de 0,1% en el primer semestre, desinflación simultánea y sin ancla cambiaria artificial. El mercado proyecta un PBI 3% superior al promedio de 2025. Crecer sin estímulo, en la Argentina, es la anomalía; el resto de las veces se llamó rebote.
Dos países, un solo micrófono
El círculo rojo habla como si existiera un veredicto popular ya emitido. No existe: un promedio de trece consultoras ubica a Milei con ventaja sobre Kicillof en intención de voto por espacio, por candidato, en pisos y techos y en un eventual balotaje, mientras el índice de confianza en el gobierno de la Di Tella retrocedió 6,5% en julio. Hay dispersión, que es otra cosa que derrota.
Pero el dato que ordena todo el debate no está en las encuestas electorales. Está en el índice de confianza del consumidor de la misma universidad, y es geográfico.
En julio, el ICC nacional cayó a 40,67 puntos. Abierto por región: el Interior quedó en 45,55, la Ciudad de Buenos Aires en 39,83 y el Gran Buenos Aires en 38,12. La caída mensual fue de 6,35% en el GBA y 6,24% en CABA, contra apenas 1,68% en el Interior. Siete puntos y medio separan al Interior del Conurbano.
Un récord de veinticinco años, además, y con la firma de una universidad que nadie acusa de oficialista: el propio Centro de Investigación en Finanzas documentó en mayo que la brecha entre el Interior y el Área Metropolitana llegó a su nivel más alto desde que arranca la serie, en abril de 2001, y la atribuye a la expansión energética en torno a Vaca Muerta y al auge minero. Lo que eso dice es incómodo para el coro: hay dos economías argentinas conviviendo, una que crece sobre recursos y exportaciones y otra que sigue esperando. El problema es que la conversación pública se produce casi íntegramente en la segunda. Se escribe, se filma y se edita en el radio donde el índice está peor. Cuando un panel de Buenos Aires dice «la gente se está cansando», está describiendo con precisión a la gente que tiene alrededor. El error no es el diagnóstico; es confundir el barrio con el país.
Y de ahí se sigue lo que verdaderamente importa. Si el malestar es sustancialmente más acotado de lo que sugiere el diagnóstico dominante, entonces el costo político de sostener el rumbo también lo es. La presión para torcerlo se apoya en una foto que no es la del país entero.
Lo correcto y la tentación
En ese contexto, hacer lo correcto tiene una definición precisa y bastante aburrida: seguir. Continuar la agenda reformista, seguir bajando la inflación, sostener la estabilidad y esperar —pacientemente, que es la parte difícil— a que esas condiciones movilicen el empleo y la actividad.
Aburrida, pero no arbitraria. El orden de los factores no es negociable: el empleo formal privado no se recupera antes de la estabilidad, se recupera después. Ningún proceso de estabilización serio generó empleo durante el ajuste; lo generó cuando el ajuste ya estaba hecho y la inversión pudo calcular a diez años en lugar de a diez días. Adelantar esa secuencia por vía administrativa no acelera nada: destruye el capital de credibilidad que hace posible la etapa siguiente.
La alternativa está siempre disponible y tiene nombre viejo. Crédito barato dirigido, salvatajes, planes platita, subsidios, política industrial, obra pública como herramienta de campaña. En otras palabras: reemplazar la mano invisible del mercado por la mano sucia del Estado a la hora de elegir ganadores y asignar recursos.
La tentación no es un rasgo argentino; aparece en todos los gobiernos del mundo cuando se acerca una elección. Lo argentino es que acá esté grabada a fuego en el ADN de la política, al punto de que buena parte de la dirigencia ni siquiera la percibe como una desviación. La percibe como sensibilidad social.
Hasta ahora se ha visto muy poco de eso, y lo poco que hubo fue indirecto y con objetivo concreto. El caso más notable fue la suspensión temporaria de retenciones en el tercer trimestre de 2025, para acelerar el flujo de dólares en medio del asedio político y la corrida: una medida acotada, con horizonte definido y un fin puntual, no una concesión estructural. Lo que no se ha visto —y quien escribe espera no ver— es al gobierno tomando decisiones de corto plazo capaces de dañar el plan. Bajas de impuestos sin contrapartida fiscal. Congelamientos tarifarios imposibles de financiar. Gasto anunciado que la próxima administración tendría que desactivar.
El contrato que Milei firmó con sus electores no fue el de administrar mejor la decadencia. Fue el de iniciar una serie de reformas que devolvieran a la Argentina a la normalidad y, desde ahí, a un sendero que la convierta en una de las naciones más libres y prósperas de la tierra. Ese contrato no tiene cláusula de suspensión por año electoral.
La prueba de esta semana
Y después está lo que ocurrió el jueves. Milei anunció por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: limitar sus funciones a preservar el valor de la moneda, prohibir el financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios, reforzar la independencia de sus autoridades y eliminar las letras intransferibles. Junto con ella, un «grillete fiscal» que dispara un shutdown si el Congreso no restablece el equilibrio.
Piénsese en el timing. A catorce meses de una elección, con el empleo en rojo y la mora en máximos, un gobierno con vocación populista habría anunciado un plan de crédito subsidiado. Este anunció un candado legal contra sí mismo y contra cualquier sucesor. Los bonos reaccionaron favorablemente y el riesgo país retrocedió once unidades.
Eso es, en estado químicamente puro, elegir lo correcto sobre lo conveniente.
Los deberes
Nada de esto convierte el camino en un trámite. El consumo sigue siendo el flanco más vulnerable y no se resuelve por decreto: si no repunta en el segundo semestre, el argumento de la paciencia se vuelve políticamente insostenible. Y el margen fiscal se angosta justo cuando la tentación crece —el superávit financiero del semestre fue 53% menor que el del año anterior—, lo que significa que cada peso que se conceda de acá a octubre de 2027 pesará más que en 2024.
Pero el punto central es otro. La política argentina viene de décadas eligiendo sistemáticamente lo conveniente, y el resultado de esa serie está a la vista. La única forma de romper con eso es que alguien, alguna vez, elija lo correcto cuando lo conveniente todavía estaba disponible. Es lo que se anunció el jueves por cadena nacional, y es lo que se pone a prueba en los próximos catorce meses.
