Un país con un sistema de inteligencia débil es un país en peligro

Esta situación cobra particular relevancia ante el contexto internacional, por demás delicado tras el fraude electoral sucedido en Venezuela, que prolongó la dictadura de Nicolás Maduro hasta el 2031, y pone en jaque a toda la región en términos de seguridad y defensa.

Las elecciones en Venezuela no fueron más que un mecanismo de distracción para esconder lo que verdaderamente importa: la necesidad que tiene el eje Rusia-China-Irán de ejercer el control del Mar Caribe para adueñarse del monopolio del comercio entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Sin ir más lejos, Rusia brinda entrenamiento militar y armamento especial a Venezuela, como bombas inteligentes, drones armados de largo alcance, cohetes y misiles crucero y lanchas rápidas para asaltos anfibios, entre otros. Por eso, Maduro está más que preparado para encabezar operaciones asimétricas -más conocidas como guerra de guerrillas- y concretar en el corto plazo sus intenciones de una ofensiva militar contra Guyana con el objetivo de obtener ventajas logísticas en el transporte de armamento, tropas y otras “mercancías”.

En medio de la amenaza que representa Maduro para toda Latinoamérica, el desfinanciamiento de la SIDE relega a la Argentina a un lugar de indefensión y aislamiento internacional.

 

El régimen iraní, por su parte, está presente en territorio latinoamericano desde la década del ‘80, cuando el clérigo Mohsen Rabbani fue enviado a la Argentina para “dirigir” la Mezquita Al-Tawhid, y terminó convirtiéndose en uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA.

Después de su regreso a Irán, Rabbani estableció un sistema de adoctrinamiento más organizado del régimen en América Latina a través de la Universidad Al-Mustafa. Fundada en 2007, entrena a clérigos de todo el mundo para difundir los ideales del Líder Supremo Ali Jamenei y constituye el principal centro de reclutamiento y entrenamiento para conversos extranjeros a la ideología chiita.

La institución tiene aproximadamente 52.000 egresados al año, de los cuales el 18% son latinoamericanos instruidos exclusivamente por el propio Rabbani y deben permanecer entre uno y cuatro meses en Qom, Irán, para recibir instrucción en contrainteligencia y teología. Una vez que terminan sus estudios, los graduados tienen la obligación de regresar a sus países “para enseñar las doctrinas de la Revolución Islámica”.

Sin ir más lejos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó en diciembre de 2020 a la universidad, por tratarse de “una plataforma de reclutamiento para la recopilación y operaciones de inteligencia, incluido el reclutamiento para milicias extranjeras”.

Este panorama no hace más que demostrar que la presencia de Hezbollah y otros grupos terroristas -que ya están asentados en las fronteras argentinas y en toda Latinoamérica desde fines de los ‘80- fortalecerán sus lazos en nuestro territorio y sus actividades ilegales de trata de personas, narcotráfico y tráfico de armamento.

Ante esta situación, ¿quién podría considerar que destinar un presupuesto extra a fortalecer, modernizar y capacitar a nuestros servicios de inteligencia es una mala decisión? Sólo alguien que no es consciente de que estamos ante una nueva era criminal que actúa a nivel regional y que todos los argentinos somos potenciales víctimas.

Si ya pasó dos veces en los ‘90, ¿qué nos hace pensar que no podríamos ser blanco de un nuevo atentado de grupos terroristas que cada vez cobran más fuerza en la región? Es un momento clave para fortalecer las estructuras de inteligencia del país y que los profesionales desarrollen estrategias de prevención para garantizar la seguridad de los argentinos.

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Por Daniel Adler, especialista en Seguridad y Contraterrorismo Urbano.

El rechazo en la Cámara de Diputados al DNU que destinaba $100.000 millones a fortalecer la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) representa un golpe fuerte para la seguridad y la defensa de la Argentina, y la somete a permanecer en un lugar de indefensión y aislamiento internacional.

El desfinanciamiento de los servicios de inteligencia argentinos comenzó a fines de la década del ‘80 y poco tiempo después tuvo sus consecuencias: los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la AMIA se produjeron, en gran medida, por la falta de profesionalidad y la corrupción dentro del organismo de inteligencia.

Desde aquel entonces, no se desarrolló una política seria ni estratégica para otorgar los recursos que le corresponden a la Secretaría. Mucho menos se intentó hacerla más eficiente ni “sanear” sus vínculos con la Justicia. Por el contrario, fue utilizada como un mecanismo de espionaje a merced del gobierno de turno.

En ese sentido, no creo necesario recordar que los ataques terroristas más importantes sufridos en nuestro territorio quedaron impunes, ni lo que sucedió con el fiscal Nisman, o las denuncias por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ahora bien, la reestructuración de los servicios de inteligencia bajo la nueva SIDE, sumado a este presupuesto adicional para compensar la degradación histórica que ha sufrido el organismo, parecía ser un punto de inflexión. Sin embargo, los intereses personales y los acuerdos políticos una vez más se interpusieron con el futuro de los argentinos.