Desde hace algunas semanas, el Presidente Javier Milei ha puesto sobre la mesa un problema cuya resolución resulta crucial para devolverle a la Argentina no sólo un grado de normalidad, sino ponerla nuevamente en el sendero de grandeza del que alguna vez supo desviarse, capturada por una clase política intervencionista. Me refiero a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
En su más reciente alocución pública, durante la vigilia por el 210° aniversario de nuestra independencia, el Presidente remarcó la urgencia de que “[la] principal función [del BCRA] vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda en lugar de financiar los proyectos del político de turno”, terminando con “91 años de estafas de la política a los argentinos de bien.”
Detengámonos en esta idea que, aunque pueda parecer trivial, reviste graves implicancias.
Si bien el Banco Central de la República Argentina fue creado en 1935 mediante la sanción de la Ley 12.155, la base de su marco normativo actual no llegó hasta 1992, con la Ley 24.144. En su artículo 3°, esta Carta Orgánica establecía claramente que: “Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda.”
A su vez, afirmaba que “en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.”
Ahora bien, estas normas van diametralmente en contra de los intereses de la política tradicional, al restringir severamente su margen de maniobra. De hecho, esa era precisamente la idea. Vale recordar que en ese entonces estaba fresca en la memoria de los argentinos la hiperinflación de 1989, que había alcanzado picos de 3000% anual y provocó la entrega anticipada del mandato del Presidente Raúl Alfonsín.










