El máximo tribunal rechazó los últimos recursos de la corrupta Cristina Kirchner y otros condenados.
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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la actualización del monto de decomiso en la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner junto a otros imputados.
La cifra pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, consolidando el avance de las medidas de ejecución patrimonial vinculadas al caso.
La decisión del máximo tribunal implica un paso clave en la etapa de recuperación de activos, ya que habilita la continuidad de procesos como la tasación y eventual remate de bienes. En total, la orden de decomiso alcanza a 111 propiedades y activos que deberán responder por el perjuicio económico determinado en la causa.
Cristina Kirchner.
El Tribunal Oral Federal 2 ya inició el proceso de tasación de parte de esos bienes, particularmente aquellos ubicados en el sur del país. Estas acciones forman parte del mecanismo de ejecución para efectivizar el decomiso establecido tras la condena.
La resolución de la Corte también rechazó de manera directa los planteos de nulidad y el pedido de suspensión de las medidas patrimoniales que habían sido presentados por las defensas.
En ese mismo sentido, el tribunal desestimó el recurso interpuesto por el empresario Lázaro Báez, quien también cuenta con una condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Cristina Kirchner.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes de esta manera cerraron la última instancia de revisión sobre este aspecto de la ejecución de la sentencia. Con esta decisión, quedó firme la actualización del monto basada en un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la propia Corte.
El decomiso deberá ser afrontado de manera solidaria por todos los condenados en la causa. No obstante, entre quienes aún conservan bienes de magnitud se encuentra Cristina Kirchner, dado que gran parte de los activos de Lázaro Báez ya fueron liquidados en procesos previos, como la quiebra de Austral Construcciones y la causa por lavado de dinero conocida como la “Ruta del Dinero K”.
La causa Vialidad investigó una maniobra de defraudación al Estado desarrollada entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz. Según consta en el expediente, durante ese período se llevaron adelante 51 procesos licitatorios de obra pública vial que fueron adjudicados de manera sistemática al Grupo Austral, propiedad de Báez.
De acuerdo con la investigación judicial, estas adjudicaciones implicaron el manejo de miles de millones de pesos en contratos de obra pública, en un esquema que derivó en las condenas confirmadas por la Justicia.
