La Justicia federal avanza con una nueva etapa del decomiso de bienes en la causa Vialidad y ahora apunta a los casi US$5 millones vinculados a Florencia Kirchner, que permanecen bajo investigación desde la causa Hotesur. El Tribunal Oral Federal 2 espera un informe clave del Banco Galicia para definir los próximos pasos sobre esos fondos, considerados parte del patrimonio susceptible de ejecución.
El expediente está en manos del TOF 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el mismo tribunal encargado de ejecutar la condena contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La justicia busca reparar el perjuicio económico realizado por CFK al Estado.
La sentencia de Vialidad no sólo implicó prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de la condenada Cristina Kirchner, sino también la apertura del camino para recuperar bienes hasta cubrir el monto del perjuicio causado al Estado, calculado en casi $685.000 millones.
En esta segunda etapa aparecen 141 inmuebles, 46 vehículos y una serie de activos identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Entre ellos figuran los US$4.664.000 encontrados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 depositados en una cuenta del Banco Galicia y $53.280,24. Según la investigación judicial, esos fondos nunca lograron ser justificados de manera consistente en cuanto a su origen lícito.
Los dólares habían sido secuestrados en el marco de Hotesur, expediente donde se investigan maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito patrimonial de la familia Kirchner. Ahora, el TOF 2 espera documentación específica del Banco Galicia para terminar de resolver si esos fondos serán incorporados al decomiso ordenado en Vialidad.
Los US$4.664.000 fueron encontrados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner
Todos los bienes incorporados al patrimonio de los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se desarrolló la maniobra fraudulenta, pueden ser alcanzados por la ejecución patrimonial. Bajo esa lógica, la Justicia también puso la mira sobre el hotel Alto Calafate, el departamento de San José 1111, la residencia de Río Gallegos y la casa de El Calafate, entre otras propiedades.
Cristina Kirchner y sus hijos intentan frenar el proceso ante la Corte Suprema, pero en Comodoro Py sostienen que esa presentación no suspende la ejecución ya ratificada por Casación. El máximo tribunal penal fue contundente al remarcar que no tendría sentido condenar un delito contra el Estado y permitir que sus efectos económicos se mantengan intactos.
