Detuvieron a la pareja de Lázaro Báez en una investigación por narcotráfico y lavado de dinero

Claudia Insaurralde, pareja del "empresario" Lázaro Báez condenado por corrupción en las causas "Vialidad" y "La Ruta del Dinero K", fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el marco de dos investigaciones judiciales vinculadas que buscan esclarecer presuntas maniobras de narcotráfico, lavado de dinero y administración de activos de origen ilícito que habrían permanecido fuera del alcance de los embargos impuestos al empresario.

El procedimiento se realizó el lunes, cuando Insaurralde arribó desde Río Gallegos a bordo del vuelo AR1857 de Aerolíneas Argentinas. Personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria concretó su detención junto a otras dos personas, identificadas como Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Micaela Devetac, ante la sospecha de los investigadores de que podrían intentar abandonar el país.

La primera causa judicial apunta a una presunta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista, cuya actividad se remontaría, al menos, a diciembre de 2025. De acuerdo con las fuentes judiciales, la distribución de los estupefacientes estaría a cargo de dos hombres, uno de ellos responsable de un lavadero que habría funcionado como punto de entrega de la droga.

Este jueves se realizará en Río Gallegos la audiencia de formalización de la imputación y control de detención, encabezada por el juez federal de garantías Claudio Vázquez. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que todavía no trascendieron precisiones sobre la participación que se atribuye a cada detenido.

Sin embargo, el avance de esa investigación permitió abrir una segunda línea que alcanza directamente al empresario vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Los investigadores sospechan que Báez podría encabezar, incluso desde su lugar de detención en Ezeiza, una organización destinada a administrar, explotar y poner en circulación bienes de origen ilícito pese a las restricciones patrimoniales derivadas de sus condenas.

Uno de los elementos que conecta ambas investigaciones es que uno de los presuntos integrantes de la estructura atribuida a Báez también sería el jefe de la organización dedicada al tráfico de drogas en Santa Cruz. Esta hipótesis todavía debe ser acreditada judicialmente y constituye uno de los principales ejes de la investigación.

Por pedido de la fiscalía federal de Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el juez Vázquez ordenó más de veinte allanamientos en Río Gallegos, El Calafate, distintas estancias santacruceñas y Buenos Aires. Los procedimientos incluyeron embargos, requisas y secuestros de vehículos, documentación y sustancias estupefacientes.