Estados Unidos sacó a la Argentina de la lista prioritaria de propiedad intelectual bajo la gestión de Milei

En el plano institucional, el acuerdo prevé dotar de autoridad de oficio a las agencias fronterizas, crear un organismo de coordinación en materia de propiedad intelectual y modificar la legislación local para garantizar acciones civiles efectivas, incluyendo la posibilidad de aplicar medidas cautelares contra la piratería. A nivel operativo, el compromiso incluye “aumentar los operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución notorios”, junto con el desarrollo de una estrategia nacional para combatir la falsificación.

Asimismo, el país se comprometió a “recopilar y publicar estadísticas trimestrales sobre la aplicación de PI”, establecer la responsabilidad de los propietarios de inmuebles donde se comercialicen productos ilegales y fomentar la cooperación entre proveedores de servicios de Internet (ISP), titulares de derechos y otras partes interesadas. El objetivo es claro: avanzar en la “investigación y persecución penal de operadores de sitios web radicados en Argentina dedicados a la piratería comercial”.

En el frente digital, se destaca que una operación conjunta desmanteló el servicio ilegal “Magis TV Pro”, con cuatro arrestos y una condena, pero advierte que la piratería online continúa en expansión. Según el informe, la aplicación de la ley en este ámbito depende en gran medida de que los titulares de derechos intenten “convencer a los ISP argentinos para eliminar contenidos infractores u obtener medidas cautelares en procesos civiles, ambos procedimientos lentos y con eficacia limitada”.

Entre las recomendaciones, Estados Unidos insta a profundizar medidas como “aplicar la responsabilidad de los propietarios de inmuebles y fortalecer la aplicación contra la venta de bienes infractores”, así como reformar la legislación para incrementar sanciones contra redes criminales.

En materia de patentes, persisten observaciones sobre “limitaciones para la patentabilidad de innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales”, además de la falta de protección para datos de prueba en sectores clave. Si bien el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) logró reducir el atraso, todavía se registran demoras promedio de seis a siete años en la concesión de patentes.

Respecto a las indicaciones geográficas, Washington pidió garantizar “transparencia y debido proceso”, especialmente en el marco del acuerdo Unión Europea–MERCOSUR, para evitar que se restrinja el uso de nombres comunes.

Finalmente, Estados Unidos confirmó que continuará monitoreando la implementación de estos compromisos y mantendrá el diálogo a través del “Foro de Innovación y Creatividad” bilateral, creado bajo el acuerdo TIFA, consolidando así una relación estratégica basada en reglas claras, seguridad jurídica y apertura económica.

Estados Unidos decidió retirar a la Argentina de la “Priority Watch List (Lista de Vigilancia Prioritaria)”, el escalón más crítico de su informe anual sobre propiedad intelectual, para ubicarla en la “Watch List (Lista de Vigilancia)”, en lo que constituye el primer reconocimiento concreto tras más de una década de permanencia en la categoría más cuestionada. El país acumulaba además observaciones durante tres décadas por distorsiones comerciales vinculadas a la falta de respeto a derechos de autor y patentes.

La medida se conoció luego de la firma del “Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI)” entre Argentina y Estados Unidos en febrero de 2026, un entendimiento que consolida el alineamiento estratégico del gobierno de Milei con los estándares internacionales promovidos por Washington. Según el documento de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., el ARTI “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la aplicación contra el robo de PI”. En ese marco, Argentina asumió compromisos para avanzar en tratados internacionales clave y elevar los estándares regulatorios.

Uno de los cambios estructurales más relevantes señalados por el informe fue la decisión de Argentina de derogar “limitaciones excesivamente amplias” en materia patentable, particularmente en el sector farmacéutico. Estas restricciones incluían directrices que “rechazaban automáticamente solicitudes para categorías de invenciones farmacéuticas que son elegibles para patente en otras jurisdicciones y exigían que los procesos para la fabricación de compuestos activos divulgados en una especificación fueran reproducibles y aplicables a escala industrial”. Este giro normativo —formalizado en marzo de 2026— elimina trabas que durante años desincentivaron la innovación y la inversión.

El reporte detalla además una batería de medidas adoptadas para salir de la lista prioritaria. Entre ellas, la elaboración de “informes sobre la viabilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de retrasos en el proceso de concesión de patentes”, así como el fortalecimiento de la persecución penal mediante “sanciones disuasorias, incluyendo multas mayores y penas de prisión para la falsificación cometida por redes criminales organizadas”.

En paralelo, el acuerdo incorpora cláusulas en materia de comercio agroalimentario, garantizando que Argentina mantendrá el acceso al mercado estadounidense para productores que utilizan denominaciones tradicionales, de modo que “el acceso al mercado no se restrinja únicamente por el uso de ciertos términos de quesos y carnes”. También se establecen “estándares sólidos de transparencia y equidad en la protección de las indicaciones geográficas (IG)”, evitando restricciones arbitrarias sobre productos estadounidenses.

Pese a los avances, el informe advierte que Argentina “sigue presentando desafíos históricos a las industrias intensivas en PI”. Persisten dificultades tanto en mercados físicos como digitales. En ese sentido, se vuelve a señalar a “La Salada y Barrio Once en Buenos Aires” como focos relevantes de comercio ilegal. En 2025, una orden judicial permitió 60 operativos simultáneos en La Salada, con múltiples detenciones, aunque el documento remarca que la policía “generalmente no actúa de oficio y los procesos pueden estancarse en excesivas formalidades”.