La ex presidente intenta recurrir a la ONU para revertir su inhabilitación perpetua, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema limita esa posibilidad mientras avanza el decomiso de bienes por $685.000 millones.
Con una condena firme por corrupción y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina Fernández de Kirchner intenta ahora acudir a organismos internacionales para recuperar la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, su nueva maniobra judicial enfrenta un obstáculo que, en los tribunales, consideran casi insalvable: la propia Corte Suprema de Justicia ya dejó establecido que ningún organismo internacional puede actuar como una cuarta instancia para anular sentencias firmes dictadas por la Justicia argentina.
El antecedente es el fallo Fontevecchia, una decisión histórica de 2017 que fijó un límite claro al alcance de los tribunales internacionales sobre las resoluciones del máximo tribunal argentino. Mientras el kirchnerismo intenta reabrir un expediente ya cerrado por todas las instancias judiciales del país, en los tribunales también avanza otro frente que preocupa a la ex mandataria: el decomiso de bienes por $685.000 millones previsto en la condena de la causa Vialidad.
Cristina apuesta a la ONU para intentar eludir los efectos de su condena
Tras anunciar la incorporación de nuevos abogados a su defensa, el kirchnerismo lanzó un nuevo operativo para reinstalar la candidatura de Cristina Kirchner de cara a 2027.
Al histórico defensor Carlos Beraldi se sumaron el exjuez del Tribunal Supremo de España Javier Borrego y el abogado brasileño Rafael Valim, cercano al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y uno de los principales impulsores de la teoría del lawfare en América Latina.
Cristina apuesta a la ONU para intentar eludir los efectos de su condena
El nuevo equipo anunció que presentará una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena por la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua que le impide volver a competir por cargos públicos. Además, impulsará una presentación ante el grupo de expertos que asesora al organismo con el objetivo de obtener una medida favorable antes del próximo proceso electoral.
Sin embargo, distintas fuentes judiciales sostienen que la vía elegida tiene muy pocas probabilidades de modificar la situación procesal de la ex presidente.
La ONU no puede anular un fallo firme de la Justicia argentina
Uno de los principales problemas que enfrenta la estrategia de Cristina Kirchner es que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU no tienen carácter vinculante.
En caso de obtener una resolución favorable, esta podría generar repercusión política o diplomática, pero no obligaría automáticamente a la Justicia argentina a modificar una sentencia firme.
Especialistas consultados por distintos medios también remarcan que la presentación ante el grupo de expertos de Naciones Unidas carece de efectos jurídicos obligatorios, ya que ese organismo únicamente emite informes técnicos y opiniones consultivas.
En los tribunales consideran que, incluso en el escenario más favorable para la ex presidente, cualquier decisión internacional debería enfrentarse a la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema argentina.
El fallo Fontevecchia cerró la puerta a una "cuarta instancia"
El principal obstáculo para la maniobra judicial del kirchnerismo es el precedente fijado por la Corte Suprema en el conocido caso Fontevecchia.
La causa se originó tras una demanda presentada por el expresidente Carlos Menem contra la revista Noticias, luego de que el medio publicara investigaciones sobre un hijo extramatrimonial del entonces mandatario.
Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que se había vulnerado la libertad de expresión y recomendó dejar sin efecto la condena civil dictada en la Argentina.
Sin embargo, en 2017 la Corte Suprema rechazó esa posibilidad y dejó establecido que los tribunales internacionales no tienen facultades para revocar o anular sentencias firmes dictadas por el máximo tribunal argentino.
En aquella decisión, la Corte recordó que la protección internacional prevista en los tratados tiene un carácter subsidiario y no convierte a los organismos internacionales en un tribunal de apelación sobre las decisiones de la Justicia nacional.
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Ese criterio es el que hoy vuelve a aparecer como uno de los mayores obstáculos para el intento de Cristina Kirchner de recuperar su elegibilidad por una vía internacional.
La condena por corrupción ya quedó firme en todas las instancias
La situación procesal de la ex mandataria presenta una diferencia determinante: la condena por la causa Vialidad ya agotó todas las instancias judiciales previstas por el ordenamiento argentino.
En junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por la defensa y dejó firme la sentencia que la condenó por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, además de imponerle la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Por ese motivo, cualquier intento de modificar esa situación debería superar la doctrina establecida por la propia Corte respecto de la inexistencia de una cuarta instancia internacional.
También avanza el decomiso de bienes por $685.000 millones
Mientras el kirchnerismo busca instalar el debate sobre la presentación ante Naciones Unidas, en la Justicia también avanza otro expediente con consecuencias concretas para la ex presidente.
Según trascendió en ámbitos judiciales, existiría un acuerdo para avanzar antes de fin de año con la ejecución del decomiso de bienes previsto en la sentencia de la causa Vialidad.
La resolución contempla la recuperación de aproximadamente $685.000 millones, por lo que podrían iniciarse procedimientos para ejecutar hoteles, inmuebles y otros activos alcanzados por la condena.
De esta manera, mientras Cristina Kirchner intenta internacionalizar un caso que la Justicia argentina ya dio por concluido, su panorama judicial continúa complicándose. Lejos de acercarla a una nueva candidatura, el escenario parece concentrarse cada vez más en la ejecución de una condena firme por corrupción y en las consecuencias patrimoniales derivadas de esa sentencia.
