El Gobierno de Javier Milei consiguió un nuevo avance legislativo en el Senado con el dictamen de la Ley Hojarasca, una de las iniciativas centrales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone derogar o modificar más de 60 normas consideradas obsoletas, burocráticas o directamente en desuso. La iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto, donde el oficialismo buscará convertirla en ley.
Como era previsible, el peronismo volvió a resistir el avance de una reforma orientada a achicar la burocracia estatal y simplificar la vida de los argentinos. Convicción Federal y el bloque Justicialista presentaron dictámenes propios, con objeciones parciales y pedidos para tratar algunas derogaciones por separado.
La iniciativa ya había obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados.
La Libertad Avanza logró reunir los apoyos necesarios con el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales aliados. En Diputados, la propuesta había sido aprobada con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, reflejando un respaldo importante para una de las reformas desregulatorias del Gobierno.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para ordenar el sistema legal argentino, reducir regulaciones innecesarias y avanzar hacia un Estado más eficiente. La senadora Nadia Márquez sostuvo que la Ley Hojarasca “no se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real”.
Las leyes que busca eliminar el Gobierno
Uno de los ejes del proyecto es derogar normas que restringen libertades individuales o que responden a una lógica estatal completamente desactualizada. Entre ellas aparecen leyes que castigaban a argentinos por denunciar violaciones de derechos humanos en el exterior, normativas de gobiernos militares que controlaban el papel de diario o imponían contenidos culturales, y disposiciones que habilitaban detenciones bajo la excusa de “averiguación de antecedentes”.
También se incluyen regulaciones que permitían la intervención del Estado en reuniones privadas, controles sobre transferencia de tecnología, restricciones a la propiedad de medios y exigencias insólitas como pedir autorización para usar mapas del país en productos comerciales.
Javier Milei junto al ministro Federico Sturzenegger.
Otro bloque apunta contra normas que perdieron sentido por el paso del tiempo o por el avance tecnológico. Allí aparecen disposiciones del siglo XIX con beneficios impositivos sin justificación actual, obligaciones administrativas como la microfilmación de documentos, regulaciones ya reemplazadas por marcos modernos e incluso una ley que autorizaba la televisión en color.
La iniciativa también busca terminar con estructuras sin utilidad real, fondos públicos sin impacto verificable, programas que nunca fueron reglamentados y organismos inexistentes o duplicados. En esa misma línea, propone revisar el financiamiento estatal de entidades políticas y corporativas, como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, para que dejen de depender de recursos públicos.
