Entre los extranjeros deportados había algunos que contaban con antecedentes por hurto y narcotráfico.
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El Gobierno de Javier Milei deportó a 18 inmigrantes ilegales tras una serie de operativos de control migratorio realizados en la provincia de Salta, en el marco de un despliegue coordinado entre fuerzas federales y organismos nacionales en zonas cercanas a la frontera con Bolivia.
Las acciones se llevaron adelante bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, con la participación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la colaboración de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
Los procedimientos se concentraron en puntos estratégicos del norte del país, con el objetivo de reforzar la seguridad en corredores fronterizos.
El operativo.
El operativo principal tuvo lugar el 24 de abril sobre la Ruta Nacional N° 34, en la localidad de Aguaray, ubicada a pocos kilómetros del límite con Bolivia. Allí se realizaron controles sobre distintos medios de transporte, incluyendo micros de larga distancia, colectivos, combis, vehículos particulares, remises y camionetas.
Durante esa jornada, las autoridades identificaron a un total de 423 personas mediante herramientas como los sistemas Morpho Rap ID, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y la base de datos de Migraciones. Del total, 315 eran ciudadanos argentinos y 93 extranjeros que habían ingresado de manera regular al país.
Sin embargo, el procedimiento permitió detectar a 15 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, 14 de nacionalidad boliviana y uno colombiano, quienes fueron deportados por vía terrestre a través del paso fronterizo Salvador Mazza–Yacuiba y puestos a disposición de la Policía Nacional de Bolivia.
Entre los casos identificados, las autoridades señalaron que un ciudadano colombiano presentaba antecedentes reiterados por hurto en la ciudad de Bogotá, mientras que uno de los ciudadanos bolivianos registraba antecedentes por narcotráfico, lo que reforzó la decisión de avanzar con su expulsión inmediata.
La policía con los inmigrantes ilegales.
Las tareas continuaron durante la noche en la ciudad de Tartagal, donde se realizaron inspecciones en más de 60 locales comerciales. En ese contexto, se identificó a más de 70 personas, sin que se registraran irregularidades migratorias en esa instancia.
En una segunda jornada, los operativos se trasladaron a la intersección de las Rutas Nacionales N° 34 y 50, en la ciudad de Pichanal, otro punto clave vinculado a los pasos fronterizos de Salvador Mazza y Aguas Blancas. Allí, entre las 9 y las 16 horas, se controlaron distintos vehículos de transporte público y privado.
Como resultado, se identificaron 671 personas, de las cuales 583 eran argentinas y 85 extranjeras con ingreso regular. No obstante, se detectó a tres ciudadanos bolivianos en situación irregular, quienes fueron derivados por la Dirección Nacional de Migraciones hacia el paso fronterizo de Aguas Blancas para concretar su expulsión del país.
En total, los procedimientos terminaron en la deportación de 18 inmigrantes ilegales, en una serie de operativos para fortalecer los controles en zonas sensibles del país.
