El Gobierno presentó un recurso para frenar la Ley de Financiamiento Universitario y evitar la quiebra del Estado

Además, el Poder Ejecutivo solicitó que los jueces de la Corte Suprema se excusen de intervenir en el caso por su condición de docentes universitarios, y pidió la designación de conjueces para garantizar la imparcialidad en el tratamiento del expediente.

El problema central de la ley es que carece de una fuente de financiamiento definida. A pesar de haber sido ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei, su aplicación es imposible en las condiciones actuales, ya que no establece de dónde salen los recursos.

La resolución judicial obliga a realizar gastos sin financiamiento específico, lo que compromete directamente la estabilidad económica y rompe con el principio de equilibrio fiscal que guía la actual política económica.

En esa línea, la cautelar tiene efectos equivalentes a una sentencia definitiva, ya que impone una carga inmediata sobre las cuentas públicas.

En este sentido, el Gobierno se apoya en la normativa vigente en materia presupuestaria, como las leyes 24.629, 24.156 y la Ley de Presupuesto 27.798, que exigen que todo gasto tenga partidas específicas aprobadas por el Congreso.

Bajo este criterio, la decisión judicial avanza sobre facultades propias del Poder Legislativo y del Ejecutivo, vulnerando el principio de división de poderes.

Incluso durante el tratamiento del Presupuesto 2026, quienes impulsaron la ley no definieron las fuentes de financiamiento necesarias para sostenerla. Frente a esta omisión, el Ejecutivo avanzó con el recurso judicial como única herramienta disponible para evitar el quiebre del Estado y la vuelta de déficit fiscal, que destruiría la estabilidad lograda.

En caso de que la Justicia rechace el recurso, el Estado quedaría obligado a transferir aproximadamente 2,5 billones de pesos a las universidades, dinero que no se tiene actualmente.