La ley, aprobada sin respaldo presupuestario, busca destruir el equilibrio fiscal y generar una nueva crisis.
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El Gobierno de Javier Milei presentó en la madrugada un Recurso Extraordinario Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario y evitar un gasto masivo que no tiene respaldo en el presupuesto.
Desde la administración libertaria anticiparon que no tienen el dinero para cumplir con la obligación impuesta por la Justicia, que alcanza los 2,5 billones de pesos, y que la norma, tal como está planteada, conduce directamente al quiebre del Estado y al regreso del déficit fiscal.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El objetivo es frenar una medida cautelar que ordenó la aplicación de esos artículos de la Ley N° 27.795 y dejó sin efecto el Decreto N° 759/2025.
El presidente Javier Milei.
La resolución judicial obliga a realizar gastos sin financiamiento específico, lo que compromete directamente la estabilidad económica y rompe con el principio de equilibrio fiscal que guía la actual política económica.
En esa línea, la cautelar tiene efectos equivalentes a una sentencia definitiva, ya que impone una carga inmediata sobre las cuentas públicas.
Además, el Poder Ejecutivo solicitó que los jueces de la Corte Suprema se excusen de intervenir en el caso por su condición de docentes universitarios, y pidió la designación de conjueces para garantizar la imparcialidad en el tratamiento del expediente.
El problema central de la ley es que carece de una fuente de financiamiento definida. A pesar de haber sido ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei, su aplicación es imposible en las condiciones actuales, ya que no establece de dónde salen los recursos.
El presidente Javier Milei.
En este sentido, el Gobierno se apoya en la normativa vigente en materia presupuestaria, como las leyes 24.629, 24.156 y la Ley de Presupuesto 27.798, que exigen que todo gasto tenga partidas específicas aprobadas por el Congreso.
Bajo este criterio, la decisión judicial avanza sobre facultades propias del Poder Legislativo y del Ejecutivo, vulnerando el principio de división de poderes.
Incluso durante el tratamiento del Presupuesto 2026, quienes impulsaron la ley no definieron las fuentes de financiamiento necesarias para sostenerla. Frente a esta omisión, el Ejecutivo avanzó con el recurso judicial como única herramienta disponible para evitar el quiebre del Estado y la vuelta de déficit fiscal, que destruiría la estabilidad lograda.
En caso de que la Justicia rechace el recurso, el Estado quedaría obligado a transferir aproximadamente 2,5 billones de pesos a las universidades, dinero que no se tiene actualmente.
