Un consorcio encabezado por Rowing S.A. y Transclor ofreció USD 340,2 millones por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y se quedó con la concesión para operar la compañía durante los próximos 30 años, con la posibilidad de extender el contrato por una década más.
La adjudicación representa un nuevo avance del Gobierno de Javier Milei en su política de reducir el peso del Estado en empresas de servicios y terminar con un esquema sostenido durante años mediante transferencias de fondos públicos.
El grupo ganador está encabezado por Rowing S.A., empresa de ingeniería fundada por Walter Román, junto con Transclor, propiedad del empresario Mauricio Filiberti. También participan del consorcio Daniel Vila y José Luis Manzano, socios de Filiberti en Edenor, además de Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al Grupo Equipav de Brasil, y el fondo PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos.
La oferta ganadora superó a la presentada por el Grupo Roggio, que había ofrecido USD 285 millones por las acciones que permanecían en manos del Estado.
El contraste entre la privatización y las millonarias transferencias del Estado
La operación se produce después de años en los que AySA demandó fuertes recursos del Tesoro Nacional para sostener su funcionamiento.
Según informó el Ministerio de Economía, entre 2006 y 2023 AySA recibió más de USD 13.400 millones en transferencias del Tesoro, pese a que una parte importante del área concesionada todavía no contaba con cobertura completa de agua potable y cloacas.
El contraste entre la privatización y las millonarias transferencias del Estado
El Gobierno también señaló que las pérdidas de agua no contabilizada se ubicaban en 42%, la morosidad había aumentado del 4% al 16% y los costos operativos se habían incrementado 80%.
Desde el Ejecutivo calificaron a la empresa como un modelo de disfunción administrativa y remarcaron que la nueva concesión busca garantizar la prestación del servicio al mismo tiempo que reduce la necesidad de financiarlo con recursos de los contribuyentes.
La diferencia entre lo recaudado por la privatización y las expectativas iniciales también estuvo vinculada a las fuertes inversiones que deberá afrontar el nuevo operador.
El nuevo concesionario deberá invertir hasta USD 15.000 millones
El contrato establece una inversión mínima de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años de la concesión.
Para todo el período inicial de 30 años, las obligaciones de infraestructura se ubican entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones, destinados a obras sobre redes, plantas, bombas y cañerías.
Una característica central del contrato es que las nuevas instalaciones incorporadas al sistema seguirán siendo propiedad del Estado una vez finalizada la concesión.
La empresa presta actualmente servicios de agua potable y saneamiento a unos 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses.
El nuevo operador deberá asumir la operación integral de la compañía entre enero y febrero de 2027, de acuerdo con el cronograma establecido en el pliego.
Las metas para los próximos 30 años
La concesión también establece objetivos concretos de expansión de los servicios.
En materia de agua potable, la cobertura deberá alcanzar el 75,3% hacia fines de 2031 y llegar al 90% al finalizar los 30 años de concesión.
En saneamiento, la meta es elevar la cobertura al 63,9% en 2031 y al 75% al cierre del contrato.
La cobertura universal de ambos servicios quedó contemplada para una eventual extensión de diez años.
De esta manera, la privatización de AySA no se limita al traspaso del control accionario. El nuevo operador deberá afrontar un ambicioso programa de inversiones, mejorar la cobertura y hacerse cargo de la gestión de uno de los servicios esenciales más importantes del AMBA.
La operación se enmarca en el proceso de transformación impulsado por el Gobierno de Milei, que busca terminar con empresas estatales deficitarias sostenidas por el Tesoro y trasladar la gestión a operadores privados bajo contratos con obligaciones de inversión y metas concretas de servicio.
