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De esta manera, la magistrada formalizó el cierre del expediente ante su tribunal, en cumplimiento de la decisión de la Cámara de Apelaciones del pasado 27 de marzo, que había revocado la condena contra el Estado nacional y confirmado el rechazo de los reclamos contra la petrolera.
El origen del millonario juicio por la expropiación kirchnerista
El conflicto judicial comenzó a raíz de la expropiación del 51% de las acciones de YPF impulsada en 2012 por el gobierno de la condena Cristina Kirchner, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, desempeñó un papel central en la operación.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska anuló formalmente la condena de USD 16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF, luego de acatar la resolución de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que había fallado a favor del Estado argentino en marzo de este año.
La decisión, firmada este lunes 19 de octubre, representa un nuevo triunfo judicial para la Argentina durante el Gobierno de Javier Milei, que logró revertir una de las mayores amenazas económicas derivadas de decisiones adoptadas durante la gestión kirchnerista de Cristina Fernández de Kirchner.
La jueza Preska ordena, juzga y decreta que su sentencia a favor de los demandantes de 2015 queda sin efecto.
En su resolución, Preska dispuso que la sentencia emitida el 15 de septiembre de 2023, mediante la cual había condenado al país a pagar una indemnización multimillonaria, quedara sin efecto. Además, ordenó desestimar el reclamo por incumplimiento contractual presentado por Petersen Energía y Eton Park.
El documento establece expresamente que la parte de aquella sentencia favorable a los demandantes queda anulada y que la demanda contra la República Argentina es desestimada.
La medida, presentada por el kirchnerismo como una recuperación de la soberanía energética, derivó en una demanda internacional por el supuesto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el estatuto de la compañía.
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Los antiguos accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park sostuvieron que el Estado argentino debía haber realizado una oferta pública de adquisición por las acciones restantes al tomar el control de la petrolera.
En 2023, Preska aceptó ese planteo y condenó a la Argentina a pagar aproximadamente USD 16.100 millones, entre daños e intereses. El litigio, financiado en parte por Burford Capital, expuso al país a una obligación multimillonaria y abrió la posibilidad de ejecutar activos argentinos en el exterior.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revirtió esa decisión en marzo de 2026, al considerar que los reclamos contractuales no podían prosperar bajo el derecho argentino en los términos establecidos por la jueza.
Un triunfo judicial para Argentina y el Gobierno de Milei
La nueva resolución de Preska constituye la formalización de aquel resultado favorable, que elimina la condena multimillonaria que enfrentaba el Estado argentino y mantiene firme el rechazo de los reclamos contra YPF.
El Gobierno de Milei logró surfear la irresponsabilidad del gobierno kirchnerista
El resultado también representa un alivio para la administración de Milei, que debió afrontar las consecuencias judiciales de una expropiación realizada más de una década antes de su llegada a la Casa Rosada.
No obstante, los demandantes todavía intentan que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la decisión de la Cámara de Apelaciones. Por ese motivo, el expediente quedó cerrado ante Preska, aunque todavía existe una vía extraordinaria de revisión judicial.
