La sanción de la Ley 13.031 en 1947, conocida como Ley Guardo, marcó un punto de quiebre en la historia del sistema universitario argentino.
Impulsada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, la normativa significó, en la práctica, la eliminación de la autonomía universitaria.
La ley, denominada así por el diputado Gabriel del Mazo Guardo, estableció un esquema de control estatal directo sobre las universidades que rompió con los principios de la Reforma Universitaria de 1918, basada en la autonomía, el cogobierno y la libertad académica. A partir de su implementación, el Gobierno nacional pasó a tener un rol central en la conducción de las casas de estudio.
Uno de los cambios más significativos fue la designación de autoridades. La Ley Guardo otorgó al Ejecutivo la facultad de nombrar directamente a los rectores y a los decanos de las facultades, eliminando los mecanismos de elección interna que hasta ese momento estaban en manos de la comunidad universitaria.
Esta modificación implicó la eliminación del sistema democrático interno y una subordinación directa de las universidades al gobierno peronista.
En paralelo, la normativa restringió el cogobierno universitario. La participación estudiantil en los órganos de gobierno fue eliminada, lo que concentró el poder en sectores docentes alineados con el oficialismo.
