La presión de la oposición obligó a la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta a dar de baja el capítulo referido a la reforma de la Ley de Tierras que integraba el proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El dato ocultado por el relato de la izquierda y el kirchnerismo es contundente: la actual ley de tierras permite a Estados y empresas extranjeras comprar tierras rurales, mientras que la reforma de Javier Milei lo prohibía tajantemente.
La vigente Ley de Tierras N° 26.737, reglamentada por el kirchnerismo en marzo de 2012, fue construida bajo un falso pretexto de protección nacional, pero en su letra chica autoriza explícitamente que "un Estado extranjero, o una empresa con participación estatal extranjera, pueda comprar tierras con límites". Es decir, la ley que rige hoy le permite a gobiernos de potencias extranjeras adquirir soberanía territorial sobre suelo argentino.
La iniciativa, que buscaba flexibilizar el régimen restrictivo actual y generar condiciones competitivas para atraer capitales, fue saboteada tras la deserción de legisladores y el rechazo explícito de gobernadores como Osvaldo Jaldo de Tucumán y Rolando Figueroa de Neuquén, sumados a la obstaculización liderada por el senador kirchnerista José Mayans.
La reforma sepultada por la oposición venía precisamente a dar vuelta este panorama para defender de verdad a la patria. El objetivo central del oficialismo era prohibir la compra por parte de Estados extranjeros, abriendo exclusivamente las puertas a la inversión privada transparente —ya sean argentinos o extranjeros independientes— y garantizando la obligatoriedad de registrar todas las operaciones con la nacionalidad de los adquirentes.
