La empresa estatal Empresa Nacional Minera (Enami) no compareció a la audiencia de mediación convocada en Quito ante la Procuraduría General del Estado.
El proceso involucra a la minera Hanrine Exploration & Mining, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting.
Según la compañía, Enami no presentó justificación por su ausencia, lo que obligó a reprogramar la audiencia para el 26 de marzo de 2026.
Un conflicto que pone en juego USD 120 millones
La disputa gira en torno al proyecto minero Llurimagua, ubicado en la provincia de Imbabura, que contempla una inversión cercana a los USD 120 millones.
En abril de 2024, ambas partes habían firmado un acuerdo para explorar cobre en una zona de más de 28.000 hectáreas.
El proyecto es considerado estratégico por el gobierno de Ecuador, que busca reactivar la actividad minera como motor económico.
Acusaciones cruzadas por incumplimientos
Hanrine sostiene que Enami incurrió en incumplimientos contractuales que habrían impedido avanzar con el programa de exploración.
La empresa también debía abonar USD 1,2 millones a la estatal, pero condicionó ese pago al cumplimiento de los compromisos asumidos por su contraparte.
La minera australiana advirtió que el conflicto podría afectar su continuidad operativa en el país.
Un proyecto bajo presión social y ambiental
El desarrollo en Llurimagua enfrenta además resistencia de comunidades locales, que expresan preocupación por el impacto ambiental en la biodiversidad de la zona.
Este factor suma complejidad a un proyecto que ya presenta tensiones legales y contractuales.
Minería ilegal y contexto de inseguridad
Otra de las áreas donde opera Hanrine es el proyecto Imba, en La Merced de Buenos Aires, también en Imbabura.
La región ha sido afectada por actividades de minería ilegal vinculadas al crimen organizado, lo que representa un desafío adicional para el desarrollo formal del sector.
Tensiones regulatorias con el gobierno de Noboa
La relación entre la minera y el Estado ecuatoriano también se tensó por la implementación de una nueva tasa minera impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.
En julio de 2025, Hanrine presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta medida, que el Ejecutivo justificó como un mecanismo para controlar la minería ilegal.
Incertidumbre sobre el futuro del proyecto
El aplazamiento de la mediación agrega incertidumbre sobre el futuro de Llurimagua y sobre la inversión extranjera en el sector minero ecuatoriano.
La falta de acuerdo entre la empresa estatal y el inversor internacional podría impactar en la credibilidad del país como destino de inversiones.
