Un tribunal federal respaldó al gobierno de Trump y permitió avanzar con la investigación de clínicas que ofrecen tratamientos de transición a menores.
En un informe lapidario, los funcionarios del gobierno trumpista expusieron a centros médicos que mutilaron a los niños y sobrefacturaron a las aseguradoras por estos procedimientos.
Trump canceló los programas de equidad de género y diversidad que Biden le exigía a los diplomáticos impulsar en sus países anfitriones.
El presidente dio de baja los fondos federales que se destinen a cirugías y hormonas de transición en menores.
El documento de la Policía de la Ciudad, del 4 de agosto, registra el testimonio de un testigo y las primeras declaraciones de la joven al momento de la intervención.
El DOJ de Trump logró que ''Connecticut Children’s'' suspenda estos tratamientos a menores y destine alrededor de USD 500.000 a atención restaurativa.
Un periodista reveló que entre la orden judicial y el operativo un conocido del exdiputado retiró una bolsa con ropa. La defensa podría pedir la nulidad del procedimiento.
La Justicia suspendió el DNU que prohibía tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo en menores, reabriendo un debate sobre evidencia, consentimiento y protección infantil.
La Fiscalía está investigando a la feminista radical por promover denuncias falsas de violencia de género.
La abogada Camila Obregón advirtió sobre el colapso del sistema judicial ante la influencia de agendas ideológicas de izquierda.
La investigación detectó incrementos significativos en los problemas de salud mental después de intervenciones hormonales o quirúrgicas.
La derecha portuguesa impulsa reformas para garantizar criterios científicos y proteger a niños frente a decisiones irreversibles de sus padres.
La abogada de género Ana Katiria Suárez, conocida por su exposición mediática y sus vínculos con figuras de poder en México, enfrenta denuncias por presunta extorsión y manipulación judicial. Actualmente se encuentra en España mientras avanzan las investigaciones.
La combinación entre la DSA y la agenda de género amplía el control sobre contenidos digitales.
