El Presupuesto Nacional 2025-2029 fue presentado con un optimismo que, como siempre, depende de variables que el Estado no controla: el crecimiento real de la economía. Ese documento oficial asume una trayectoria de expansión que permite financiar un gasto público creciente sin tocar demasiado el bolsillo del que realmente produce. Pero ¿qué pasa si la realidad —como suele ocurrir— es más terca que los cuadros de Excel del Ministerio de Economía?
La respuesta es tan clara como incómoda: una depredación estatal mayor sobre el sector privado. Hoy, según las mediciones más honestas de presión fiscal efectiva y apropiación de recursos (impuestos directos, indirectos, contribuciones a la seguridad social, regulaciones que funcionan como impuestos encubiertos y gasto público financiado con deuda futura), el Estado ya se lleva aproximadamente el 54 % del producto bruto privado. Sí, leyeron bien: de cada 100 pesos que genera el sector privado uruguayo, el aparato estatal se apropia 54. El resto es lo que queda para invertir, pagar salarios reales, innovar y, en definitiva, crecer.
Imaginemos ahora que el crecimiento real del PIB queda por debajo de lo proyectado en el Presupuesto. Las recaudaciones caen. El gasto —que ya viene comprometido en sueldos públicos, jubilaciones indexadas, transferencias y obras— no baja mágicamente. ¿Qué hace entonces el Estado? Exactamente lo que ha hecho siempre cuando las cuentas no cierran: sube la presión sobre el único sector que genera riqueza neta.
Eso se traduce en:
- Aumentos de impuestos (ya sea subiendo tasas, eliminando exoneraciones o creando nuevos “impuestos solidarios”).
- Mayor emisión de deuda que luego se pagará con más impuestos futuros.
- Regulaciones más asfixiantes que encarecen la actividad privada (licencias, controles, costos laborales).
