Los números oficiales de la rendición de cuentas 2025 son contundentes: el Gobierno Central y el Banco de Previsión Social registraron un déficit de 4,1% del PIB al excluir los ingresos extraordinarios del Fideicomiso de Seguridad Social. Eso equivale a unos 3.700 millones de dólares en desequilibrio. El resultado primario empeoró de -0,8% a -1,4% del PIB, mientras los egresos primarios alcanzaron el 28,9% del PIB, con un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Los ingresos se mantuvieron estancados cerca del 27,5% del PIB.
Uruguay ya opera con una de las cargas tributarias más elevadas de la región. A pesar de extraer esa porción significativa del esfuerzo productivo de la población, el Estado no cierra sus cuentas. El gasto sigue expandiéndose por encima del crecimiento real de la economía, que apenas llegó al 1,8% en 2025.
Recursos desviados y oportunidades perdidas
El déficit no es un simple desajuste contable. Cada peso que el Estado toma vía impuestos o financia con deuda es un peso que deja de estar disponible para quienes lo generan: trabajadores, empresarios y ahorradores. Ese dinero podría destinarse a ampliar empresas, invertir en tecnología, crear empleo productivo o mejorar el consumo voluntario de las familias. En cambio, se canaliza hacia gastos decididos por criterios políticos y burocráticos.
