En la próxima Rendición de Cuentas, el gobierno uruguayo incluirá una decisión estratégica de gran calado: la adhesión al impuesto mínimo global del 15% para multinacionales, promovido por la OCDE y respaldado por los países del G7. Aunque se presenta como una mera adecuación técnica a nuevas reglas internacionales, el paso tiene implicancias profundas para la política fiscal y la soberanía económica del país.
La narrativa oficial es conocida: Uruguay debe “alinearse con los estándares globales” para no quedar rezagado. Pero esta justificación encubre una verdad incómoda: se trata de una renuncia explícita a la capacidad nacional de competir fiscalmente en un mundo donde los grandes quieren fijar las reglas a su medida. El nuevo impuesto no busca justicia, sino uniformidad. Y la uniformidad, en política fiscal, beneficia a quienes ya controlan el tablero y perjudica a los que intentan diferenciarse para atraer inversión y desarrollo.
Quizás también te interese este artículo que revela una faceta poco conocida del pasado de José Mujica, una lectura que cambia la percepción dominante sobre ciertas figuras políticas.
Durante años, Uruguay ha utilizado herramientas como las zonas francas, los regímenes promocionales y una estructura impositiva relativamente atractiva para posicionarse en un vecindario difícil. Esa estrategia, aunque no exenta de críticas, ha dado resultados. Reducir ese margen de acción por presión externa implica resignar uno de los pocos instrumentos reales de política económica que aún conserva el país.
