El preacuerdo entre las cámaras de construcción y el SUNCA tendría consecuencias catastróficas para la economía

Cuando se trabaja menos horas por el mismo salario, el costo horario de la mano de obra sube de inmediato. En un sector intensivo en trabajo como la construcción, eso no es un detalle menor: eleva el precio de cada metro cuadrado, de cada estructura, de cada obra. La productividad no aumenta por decreto; el valor que genera un obrero en una hora no crece mágicamente porque el convenio diga que ahora esa hora “vale” más. El resultado es que producir se vuelve más caro. Quien no pueda compensar esa suba con mayor eficiencia o con precios más altos simplemente pierde margen, posterga inversiones o cierra.

Aquí aparece la diferencia brutal entre empresas. Las firmas grandes que facturan al Estado tienen una válvula de escape cómoda: incorporan el mayor costo laboral en la factura final. El Estado, que no opera con la disciplina de un cliente privado que compara precios y exigencia de calidad, suele pagar. Los recursos salen de los impuestos que pagan todos, incluidos los trabajadores de las empresas que no tienen ese privilegio. Es una transferencia silenciosa: el sobrecosto se socializa mientras la empresa grande mantiene su rentabilidad.

Las medianas y pequeñas, en cambio, viven en el mercado real. Compiten por clientes privados que miran el presupuesto con lupa, que pueden elegir otra constructora o postergar la obra. No tienen la capacidad de “agregar todo a la factura” y que alguien con bolsillo infinito lo acepte sin cuestionar. Para ellas, el aumento del costo horario se traduce en menor competitividad, pérdida de contratos, reducción de plantilla o, en el peor de los casos, desaparición. Son precisamente estas empresas las que generan la mayor parte del empleo genuino y de la actividad que no depende de la obra pública. El acuerdo las empuja hacia el margen mientras protege a quienes ya operan con el paraguas estatal.

Los efectos no se agotan en el balance de las firmas. Toda restricción artificial sobre el uso del tiempo de trabajo reduce la cantidad total de valor que la sociedad puede producir. Menos horas efectivas, a igual productividad, significan menos viviendas, menos infraestructura, menos capacidad de respuesta a la demanda. A medio plazo eso se traduce en precios más altos para el consumidor final y en menos oportunidades de empleo para quienes buscan entrar al sector. El beneficio inmediato y visible para algunos trabajadores (más tiempo libre con el mismo ingreso) se paga con el costo invisible y difuso que recae sobre el resto: empresas que no contratan, obras que no se hacen, capital que se retrae.

La flexibilidad y las contrapartidas que se anuncian no eliminan el problema de fondo. Mientras la reducción de jornada se imponga de manera generalizada y sin que la productividad real la justifique, el costo extra permanece. El mercado libre ajustaría las horas según la productividad marginal y las preferencias voluntarias de empleadores y trabajadores. Cuando esa ajuste se sustituye por un convenio colectivo de largo plazo respaldado por la presión sindical y la negociación tripartita, se introduce una rigidez que privilegia a unos a costa de la eficiencia general.

En síntesis, el preacuerdo no es un triunfo de la justicia laboral. Es un encarecimiento coercitivo del factor trabajo que las grandes empresas con contratos públicos pueden diluir en la factura estatal, mientras las medianas y pequeñas, que no cobran del Estado, absorben el golpe en sus márgenes y en su supervivencia. El resultado previsible es menos dinamismo, mayor concentración y un traslado de costos desde el sector productivo privado hacia el contribuyente. Eso no fortalece a la construcción: la debilita.