Recientemente en una nota de prensa el ministro de economía Oddone manifestó que “el Uruguay nunca va a ser barato”. Justificó su postura afirmando que devaluar la moneda es inaceptable y que el tamaño poblacional hace costosos los servicios básicos.
Sin perjuicio de la visión derrotista de quien debería aspirar a otra cosa, debe decirse que no es cierto que por tener tres millones de habitantes debamos ser un país caro. Y tampoco es verdad que haya que bajar sueldos para mejorar la competitividad.
Si el argumento del ministro fuera cierto, ¿cómo se explica que países como Estonia, Islandia o Andorra —con menos población— sean más baratos y más competitivos?
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El verdadero problema es un Estado sobredimensionado y hiperintervencionista, no el tamaño geográfico. El “Estado de bienestar” uruguayo impone altos impuestos, deuda y distorsiones regulatorias que ahogan la actividad económica.
Por eso somos poco productivos, incluso comparados con países más chicos. La clave de la productividad está en la capitalización y el desarrollo del capital humano.
Como sostiene el profesor Benegas Lynch: “no es lo mismo arar con las manos que con un tractor”. Para eso se necesita libertad económica, ahorro e inversión. Pero en Uruguay, hablar de libertad económica parece una herejía.
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Las empresas públicas y los monopolios estatales son ineficientes y trasladan sus fallas al consumidor. Recordemos el caso ANCAP: un asalto a mano armada disfrazado de capitalización.
