Uruguay tiene un Estado que se come el 33 % del PIB y una presión fiscal efectiva del 28 %. Para que se den una idea: Suecia, el paraíso nórdico que tanto citan los progres cuando quieren más impuestos, tiene una presión fiscal del 42 % y un gasto público del 49 % del PIB… pero con un PIB per cápita de 60 mil dólares.
Uruguay, en cambio, tiene 23 mil dólares per cápita (PPA 2024, FMI). Es decir: pagamos casi como europeos, pero cobramos como latinoamericanos.
Y encima tenemos un Gini de 0,40, prácticamente idéntico al de Chile o Costa Rica, países que gastan bastante menos en relación al tamaño de su economía. O sea que ni siquiera logramos la “justicia social” que supuestamente justifica tener un Estado elefantiásico.
Resumido en una frase cruel pero exacta:
En Uruguay el Estado te saca casi lo mismo que en Dinamarca, te devuelve servicios de Paraguay y te pide que compitas en un mercado abierto con Brasil (215 millones de habitantes) y Argentina (46 millones), siendo apenas 3,5 millones de personas que, encima, envejecen a velocidad récord.
Y todavía hay gente –políticos, economistas de café y tuiteros con bandera palestina en la bio– que repite como mantra que “la solución es gravar más al 1 % más rico”, como si el problema fuera que el Estado recauda poco y no que gasta mal, gasta mucho y gasta en cualquier cosa menos en lo que genera crecimiento.
