El juez de Control N° 7, Milton Peralta, otorgó la prisión domiciliaria a Nicolás Paulín, quien ejerce como presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba. La resolución judicial dispuso el traslado del profesional desde el penal de Bouwer hacia una vivienda particular en la ciudad de San Francisco. La medida se enmarca en la investigación por defraudación por administración fraudulenta en la Caja Previsional regulada por la Ley 8470.
Al evaluar el pedido, el tribunal constató que el imputado constituye la única figura parental a cargo de su hijo de 1 año y 6 meses de edad. El magistrado aplicó el principio del interés superior del niño para familias monoparentales. En paralelo, el abogado defensor Guillermo Dragotto presentó un pedido formal para lograr la recuperación de la libertad plena del dirigente profesional.
La detención previa fue dispuesta hace una semana por Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, debido a supuestos actos de entorpecimiento. La causa penal se inició tras la denuncia presentada por Jorge Santecchia, presidente de la Caja previsional, sobre evasión de aportes y subvaluación de obras. La fiscalía busca esclarecer las maniobras financieras irregulares detectadas en el organismo.
Milton Peralta, juez de Control N° 7
Situación procesal de los demás imputados
En el penal de Bouwer permanecen privados de la libertad otros directivos alcanzados por la misma causa judicial. La medida afecta a Inti Manuel Smith, presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas, junto a Luis Adán Calderón, vicepresidente de la entidad. Asimismo, continúan detenidas Carmen Encarnación Rodríguez, secretaria de la institución, y Liliana Rosa Scaglia, vocal titular del directorio de la Caja.
En el expediente figuran imputados desde el mes de julio el arquitecto Diego Peralta, junto a Ana Ruzycki y Micolo Noé, directores de la Caja. Estas tres personas permanecen en libertad mientras avanza el proceso instruido. En la última semana se sumó la imputación de Pablo Colapiña, empleado de la Caja Previsional de Córdoba, a quien la fiscalía le atribuye un presunto encubrimiento.
El juez resolvió diferir la definición sobre el pedido de excarcelación de Nicolás Paulín para un pronunciamiento posterior en la causa. El proceso busca determinar las responsabilidades penales en las declaraciones juradas y en la fiscalización de obras profesionales. Mientras se ejecuta el traslado, la fiscalía continúa recopilando elementos probatorios para sanear la situación financiera del organismo previsional.