Efectivos de la Policía Federal Argentina ejecutaron 15 allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de 9 personas vinculadas a una causa por corrupción e irregularidades financieras. Los operativos se desplegaron en las localidades cordobesas de Oliva, Río Segundo, Villa María y Córdoba Capital, además de la ciudad de Rosario. La investigación penal procura esclarecer la presunta sustracción ilícita de dinero depositado en cuentas bancarias judiciales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
El balance de los operativos confirmó la aprehensión de 2 sospechosos en territorio cordobés y de 7 implicados en la provincia de Santa Fe. Entre los ciudadanos investigados por el fuero penal se encuentra un exfiscal de la jurisdicción santafesina, cuya situación procesal se resolverá en los tribunales. El expediente judicial analiza presuntas transacciones irregulares sobre activos pertenecientes a causas judiciales, con maniobras que se habrían desarrollado de manera continua entre los años 2017 y 2024.
El origen de la causa se produjo luego de que la Unidad de Delitos Económicos detectara una inconsistencia en el saldo de una cuenta judicial. A partir de esa alerta, los funcionarios formalizaron la denuncia correspondiente para iniciar las tareas de inteligencia operativa que derivaron en los arrestos. Los detalles del mecanismo empleado para sustraer los fondos públicos se mantendrán bajo reserva judicial hasta la audiencia imputativa prevista en Rosario.
Las medidas fueron dispuestas por el fiscal Adrián Spelta
Secuestro de pruebas y prosecución del caso
En el marco de los registros judiciales, las fuerzas operativas secuestraron documentación en papel, dispositivos electrónicos y material informático de interés para el expediente. Todos los elementos incautados serán sometidos a peritajes técnicos por parte de los gabinetes especializados para incorporar evidencia a la causa. Las medidas fueron dispuestas por el fiscal Adrián Spelta, al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional.
La investigación fue clasificada como un objetivo prioritario dentro del Plan de Persecución Penal instituido por la Fiscalía General de la jurisdicción. Las actuaciones operativas continúan en curso con el fin de establecer el grado de responsabilidad individual de cada uno de los arrestados. La fiscalía analizará las pruebas reunidas en los procedimientos para formular los cargos correspondientes durante la instancia de imputación formal.
Los imputados permanecerán privados de la libertad bajo custodia mientras las autoridades judiciales completan el análisis del material secuestrado. El tribunal fijará la fecha de la audiencia en los próximos días para determinar las medidas cautelares aplicables a los 9 implicados. De esta forma, el fuero penal busca reconstruir el circuito financiero ilegal que afectó los fondos bajo guarda pública en Córdoba y Santa Fe.
