La Justicia de Córdoba condenó al Estado provincial a abonar una suma superior a los $222.707.598 en concepto de indemnización y honorarios por la inactividad judicial registrada durante 17 años en un expediente por abuso sexual. La resolución fue dictada por la jueza en lo Civil, Comercial y de Familia de Villa Carlos Paz, Viviana Rodriguez, tras la demanda por daños y perjuicios iniciada por la víctima identificada como M.A.R. La inacción judicial ocurrió en los tribunales de Villa Dolores frente a las denuncias contra Hugo Roberto Clavero, dirigente político condenado en 2024 a 28 años de prisión por los abusos cometidos contra la joven desde sus 4 años.
La demanda impulsada por los abogados Emiliano Binante y Germán Romero Marcón fundamentó que el servicio judicial de la jurisdicción de Villa Dolores incurrió en una paralización ilegítima que vulneró los derechos de la denunciante. Durante la tramitación del proceso contra la inactividad tribunalicia, 5 magistrados se inhibieron de intervenir por mantener vínculos con los exfuncionarios judiciales señalados en las denuncias administrativas. El fallo dispuesto por la jueza Viviana Rodriguez resolvió asignar el resarcimiento a la víctima por las secuelas generadas, además de fijar los costos de peritajes y las costas legales sin que la sentencia fuera apelada por los apoderados estatales.
La nómina de magistrados demandados en el Fuero Civil comprende a Ricardo Romero Uez, Noemí Bobbio, Sergio Cuello, Raúl Castro y Lucrecia Zambrana, desempeñándose estos 3 últimos en funciones dentro del Poder Judicial. Respecto a la vía penal, los 5 letrados afrontan una investigación a cargo de la fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallarato. Sobre el futuro del expediente penal, el letrado Emiliano Binante agregó: “Esperamos que la Justicia penal siga el camino de la Justicia civil, y que los denunciados sean condenados por una omisión que consideramos aberrante”.
Emiliano Binante, uno de los abogados que impulsó la demanda
Avanza la causa penal y el origen de las denuncias
Las actuaciones originarias comenzaron en marzo de 2005 cuando Analía Montenegro, madre de la víctima, radicó la denuncia por los hechos iniciados cuando su hija tenía 4 años de edad. Poco tiempo después de esa presentación inicial, la progenitora se retractó manifestando que los episodios narrados constituían una invención de la menor de 14 años. La causa permaneció paralizada hasta marzo de 2022, oportunidad en que M.A.R. asistió a los tribunales como testigo de otro caso y solicitó la búsqueda de sus actuaciones archivadas. Tras ser rescatado el expediente por la fiscal Eugenia Ferreyra, se dispuso la detención de Hugo Roberto Clavero y el procesamiento de la madre por encubrimiento agravado.
La causa civil contra los funcionarios atribuye la parálisis del expediente al peso político ejercido por Hugo Roberto Clavero en el departamento Traslasierra. El acusado mantenía una relación de cercanía con el exlegislador Oscar González, figurando como presidente de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo Limitada) desde el año 2016. La empresa cooperativa presta servicios esenciales en 13 localidades de la zona y constituye la entidad de mayor facturación económica en toda la región del valle. Asimismo, el imputado ejercía el cargo de titular del Partido Justicialista regional y encabezaba el gremio de empleados de comercio locales tras ocupar diversas funciones en la administración pública.
El juzgamiento de la causa penal concluyó en mayo de 2024 con la imposición de 28 años de prisión para Hugo Roberto Clavero y 16 años para la madre de la víctima. La sentencia penal fijó además un resarcimiento de $119.000.000 que los condenados no abonaron tras alegar insolvencia patrimonial, hecho que derivó en la apertura de un expediente por insolvencia fraudulenta.Los abogados querellantes aclararon que la sentencia de 2024 contempló tratamientos psicológicos que no fueron duplicados en el nuevo dictamen contra la estructura provincial.
El juzgamiento de la causa penal concluyó en mayo de 2024 con la imposición de 28 años de prisión para Hugo Roberto Clavero y 16 años para la madre de la víctima
Desglose financiero del fallo y desempeño del Estado
El cálculo detallado de los montos actualizados determina la liquidación de más de $162.000.000 destinados de forma directa a la indemnización integral requerida por la víctima M.A.R. En concepto de honorarios profesionales, se fijaron $36.000.000 para los letrados patrocinantes de la querella y la cifra de $22.000.000 para los representantes legales del Estado provincial. La planilla de liquidación aprobada judicialmente asigna la suma exacta de $930.000 para abonar la regulación correspondiente a las pericias practicadas por un perito psiquiatra. El monto final determinado en la sentencia en firme alcanza la cifra total de $222.707.598 a ser cubierta con fondos de la administración pública.
Los letrados acreditados por la Provincia para la percepción de honorarios en esta causa son Armando Andruet y Gustavo Laucirica, situación que generó observaciones por parte de la querella. Al analizar la labor desarrollada por la defensa estatal durante el litigio, el abogado Emiliano Binante señaló: “Nos pareció curioso que no contestaron la demanda, no presentaron pruebas, sólo se presentaron a la audiencia unos minutos”. La falta de apelación por parte de la representación gubernamental dejó la sentencia en condición de cosa juzgada, habilitando el cobro formal de los importes fijados.
El recorrido del expediente derivado a los tribunales de Villa Carlos Paz puso fin a la vía civil entablada por la inactividad del servicio de justicia mediterráneo. Mientras se ejecutan las partidas presupuestarias para hacer efectivo el pago de los $222.707.598, la investigación penal que involucra a los 5 magistrados continúa su trámite sumarial en la fiscalía de Villa Cura Brochero. La resolución marca un antecedente jurídico respecto a la responsabilidad patrimonial estatal frente a la paralización imprevista de causas por delitos contra la integridad sexual.
